El plan del Gobierno español para implementar una exención del 100% en el IRPF a los propietarios que ajusten sus alquileres al Índice de Precios de Referencia podría beneficiar a cerca del 65% de los caseros en el Estado español, según estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) recogidas por El País. Según Moncloa, la medida estaría diseñada para “abaratar el acceso a la vivienda”. Sin embargo, lo que propone el Gobierno de Pedro Sánchez para ellos es quitar los impuestos a los caseros que se ajusten a ello, aunque el estudio ¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros? del centro de investigación La Hidra haya demostrado que la mayoría de los rentistas se sitúan en el sector social más pudiente. De hecho, el estudio concluyó que, se les quitaran todos sus ingresos provenientes del alquiler a los caseros, seguirían siendo las familias con mayor renta del Estado español.
A pesar de ello, el PSOE reduce los impuestos a este sector social, para “incentivar a los propietarios a reducir precios”, ya que se niega a limitar o bajarlos por ley. Los datos iniciales sugieren que casi 1,4 millones de caseros podrían obtener ahorros fiscales que van desde los 67 hasta los 347 euros anuales, dependiendo de su tramo de ingresos.
Sin embargo, no todos los caseros tendrían incentivos para acogerse a la medida. Los propietarios con ingresos inferiores a 12.000 euros no obtendrían beneficios, ya que no tributan en el IRPF, mientras que los que superan los 60.000 euros, que suelen alquilar viviendas más caras o alquilan varias viviendas, podrían experimentar impuestos relativamente más altos; aunque no está claro si serán lo suficientemente significativos como para desincentivar subidas. Según Gestha, en este último grupo, casi 238.000 caseros perderían 540 euros al año, y aquellos con ingresos más altos podrían dejar de ganar hasta 13.800 euros, pero esto podría ser asumible si se tienen en cuenta lo que ganan actualmente o lo que podrían ganar con más subidas. Por tanto, además de la naturaleza de la medida, su propio alcance también está rodeado de interrogantes.
Además, expertos advierten que los efectos reales de la propuesta dependerán de los detalles finales de la normativa, que aún están en fase de diseño. Factores como deducciones fiscales autonómicas, cargas familiares o la posibilidad de exclusión para ciertos perfiles de arrendadores podrían modificar significativamente los cálculos actuales. Mientras tanto, el Gobierno español defiende que la medida forma parte de un paquete de iniciativas más amplio “para aliviar el mercado inmobiliario”, aunque enfrenta críticas por su enfoque e impacto limitado.
