La Comisión Europea confirmó el 20 de enero la conformidad técnica del nuevo plan presupuestario propuesto por el Gobierno francés de acuerdo a las reglas europeas, allanando el camino para su aprobación final por parte del Consejo Europeo. Este plan, presentado por el gobierno de François Bayrou, incluye un ajuste fiscal que busca reducir el déficit público al 3 % del PIB en 2029. “Estamos determinados a cumplir con este objetivo”, aseguró Eric Lombard, ministro de Finanzas, en Bruselas, pese a que el déficit para 2025 será del 5,4 %, por encima del 5 % estimado previamente.
Sin embargo, la meta fiscal implica restricciones significativas en la administración pública. Según el Ministerio de Economía francés, las contrataciones de funcionarios y personal contratado solo están permitidas para reemplazar salidas, y cualquier nueva incorporación debe compensarse con la eliminación de otro puesto. Además, las promociones dentro del sector público han quedado bloqueadas. Le Monde destaca el caso de los 400 maestros interinos que esperaban ser promovidos a profesores fijos, y se han quedado en el camino. Casos como estos ilustran cómo estas medidas han frenado movimientos previstos incluso por leyes anteriores, como la Ley de Programación de la Investigación.
François Bayrou ha señalado que esta disciplina fiscal “no será temporal”, incluso una vez aprobado el presupuesto definitivo. “Es necesario redefinir nuestros presupuestos basándonos en las necesidades reales de los servicios públicos, no en aumentos automáticos ligados a la inflación”, declaró el primer ministro en su discurso de política general del 14 de enero. Mientras el déficit sigue siendo el más alto de la eurozona después de Rumanía, el Elíseo adopta lo que Bayrou define como un “minimalismo presupuestario” que refleja la prioridad de contener el gasto público y cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
