El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva instruyendo al Pentágono para expandir la capacidad del centro de detención en la base naval de Guantánamo (Cuba) con el fin de albergar a migrantes en situación irregular. Según el documento oficial, la ampliación se realizará “hasta su plena capacidad”, lo que podría implicar la habilitación de 30.000 camas adicionales. La medida supone un giro en el uso de esta instalación, creada en 2002 para recluir a sospechosos de “terrorismo” bajo la administración de George W. Bush.
Trump ha justificado la decisión afirmando que la base servirá para “detener a los peores delincuentes ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, subrayando que algunos migrantes son considerados “tan peligrosos que no pueden ser deportados a sus países de origen”. Además, el presidente ha firmado una ley que endurece la política migratoria, estableciendo la detención automática de extranjeros acusados de ciertos delitos, incluidos robos y otros crímenes menores. La Casa Blanca no ha detallado cuándo comenzará la implementación de la orden ni cuántas personas podrían ser trasladadas a Guantánamo.
La decisión ha generado una rápida reacción internacional. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado la medida como un “acto de brutalidad” y ha denunciado el uso de territorio cubano ocupado ilegalmente para lo que considera “detención arbitraria de migrantes”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado que la medida refleja el “desprecio por el derecho internacional”. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en las que podrían ser retenidos los migrantes, recordando los antecedentes de la prisión en el uso de técnicas de detención y vigilancia extremas.
