El desalojo de l’Antiga Massana, un espacio ocupado desde 2020 en el barrio del Raval, ha generado indignación entre colectivos sociales y vecinos. Mientras el Ayuntamiento de Jaume Collboni presenta el proyecto como “una recuperación para convertir la plaza de la Gardunya en un polo cultural”, los críticos advierten que se trata de otro paso en la gentrificación del centro de Barcelona. Las organizaciones desalojadas denuncian que la prioridad municipal sigue siendo el turismo y la especulación inmobiliaria en detrimento de la organización de la clase trabajadora y el tejido social del barrio.
El plan urbanístico prevé una inversión de 75 millones de euros en los próximos diez años, incluyendo la apertura de un nuevo paso entre la plaza de la Gardunya y los jardines Rubió i Lluch, además de la ampliación de la Biblioteca de Catalunya. Sin embargo, muchos vecinos temen que este “embellecimiento” termine expulsando a la población local y reduciendo los espacios de reunión y organización colectiva locales, en favor de proyectos destinados a públicos más acomodados y turistas.
Durante el operativo policial para recuperar el edificio, se detuvo a cinco jóvenes acusados de “desórdenes públicos”. quienes fueron liberados con medidas cautelares tras la intervención de la magistrada, según informa La Vanguardia. Mientras las protestas y los actos contra el desalojo continúan, el Ayuntamiento insiste en que “el nuevo plan urbanístico beneficiará a toda la ciudad”. Sin embargo, el choque entre la administración y los movimientos sociales barceloneses da fe de un problema más profundo.
