El 28 de enero, las fuerzas policiales ucranianas realizaron redadas contra varios jóvenes, a los que acusa de pertenecer al Frente de Trabajadores de Ucrania (RFU), un grupo marxista que realiza propaganda an acusándolos de y de violar el Artículo 114-1 del Código Penal, que penaliza la obstrucción a la actividad de las Fuerzas Armadas. Las detenciones han sido difundidas en redes sociales por figuras académicas como Marta Havryshko y Volodymir Ishchenko, que denuncian la persecución política contra todos los que cuestionan la movilización militar en el país.
En esta última operación, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó “haber desmantelado una organización de izquierda” que presuntamente promovía la desobediencia entre los reclutas y alentaba la evasión del servicio militar. Sin embargo, las acusaciones presentadas ha levantado críticas, ya que las “pruebas” incluyen libros de Lenin, Marx y literatura soviética, lo que representa una criminalización generalizada del pensamiento marxista en Ucrania.
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de represión contra toda la izquierda en Ucrania desde el Euromaidán, según recuerdan varios analistas. Socialdemócratas, anarquistas y antifascistas ucranianos son sistemáticamente reprimidos y perseguidos por el régimen de Kiev. Mientras tanto, diferentes observadores han señalado reiteradas veces que la propaganda de los grupos neonazis es amparada por el Estado, la simbología supremacista está normalizada y cometer agresiones en nombre de la “raza blanca” está prácticamente permitido, sin una respuesta similar por parte del SBU.
Sin embargo, la detención de estos jóvenes ocurre en un momento en que el rechazo a la movilización militar y la desconfianza hacia el Estado va en aumento dentro de la sociedad ucraniana; especialmente entre las nuevas generaciones. Ante esta situación, algunos grupúsculos marxistas clandestinos tratan de fomentar la deserción de forma organizada.
El Frente de Trabajadores de Ucrania (RFU) ha negado cualquier vínculo con los detenidos y ha denunciado el caso como un intento del gobierno de silenciar la disidencia. Actualmente, se están recaudando fondos para brindar asistencia legal a los arrestados, mientras que distintos movimientos de izquierda internacionales han expresado su solidaridad con los acusados.
