Celebran en Barcelona el Segundo Congreso Contra la Ocupación

Las fuerzas de seguridad del Estado, fiscales y jueces siguen organizándose para endurecer el castigo a la ocupación”, denuncia la Comunidad de Defensa de Espacios Bajo Control Obrero.

Imagen de archivo del I Congreso Contra la Ocupación.
Foto: economistjurist.es

El primer Congreso sobre la Ocupación Ilegal en el Estado español se celebró en mayo de 2022, y durante los pasados días 28 y 29 de enero tuvo lugar su segunda edición en Barcelona (Catalunya). Según Langile Kontrolpeko Espazioen Defentsa Komunitatea (Comunidad de Defensa de Espacios Bajo Control Obrero), en esta ocasión también participaron jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, así como representantes de la administración pública y de diversas plataformas vecinales. Todos ellos se reunieron con un objetivo común, según la Comunidad de Defensa: “Desarrollar mecanismos efectivos para hacer frente a los casos de ocupación”. Además, denuncian que “aprovechando el argumento de que la ocupación es un fenómeno que causa un grave perjuicio a toda la sociedad, los Colegios de Abogados de Barcelona, Madrid y Málaga han utilizado el congreso para presentar una propuesta de ley contra la ocupación”, la cual ha sido llevada al Congreso de los Diputados por Junts.

En el Congreso contra la Ocupación, los participantes establecieron una hoja de ruta para la implementación de diversas medidas. Según ha resumido la Comunidad de Defensa, en Barcelona se plantearon propuestas como la posibilidad de ejecutar desalojos cautelares en un plazo de 48 horas, “eliminando cualquier opción de alegación por vulnerabilidad”; “ampliar las competencias de los grandes propietarios y asociaciones vecinales”; permitir el desalojo inmediato a “personas jurídicas (bancos, fondos buitre y empresas privadas) sin ningún tipo de restricción”; y “aumentar los recursos policiales”, “anulando por completo el principio de inviolabilidad del domicilio”.

La Comunidad de Defensa ha señalado que este congreso es “otro claro ejemplo de los intentos reiterados por endurecer la legislación contra la ocupación”. En su opinión, “estos intentos forman parte de una respuesta autoritaria y policial ante una realidad golpeada por la crisis económica”. Además, han señalado a los agentes que participan en estos encuentros: “Algunos defienden propuestas más moderadas, otros más duras, pero todas están dirigidas a beneficiar a la clase propietaria y tienen el mismo objetivo: prohibir la ocupación”.

En este sentido, la Comunidad de Defensa ha denunciado que el conflicto se deja en manos de las instituciones estatales, que son precisamente “las que niegan el acceso a la vivienda a la clase desposeída, las que reprimen sus derechos políticos y las que eliminan cualquier posibilidad de contar con los espacios políticos necesarios para desarrollar su actividad”. Por ello, han rechazado “todas las soluciones que ponen en la mira a la clase trabajadora” y han llamado a “organizarse contra la criminalización de la ocupación”.