El Ayuntamiento de Girona, gobernado por la Esquerra Independentista (EI), ha aprobado una nueva instrucción para la Policía Municipal que endurece la respuesta contra la ocupación de viviendas, con el objetivo de “proteger los derechos de propiedad”. La principal novedad es que, si la ocupación se ha producido en las últimas 24 horas, la policía podrá desalojar a los ocupantes sin necesidad de orden judicial. El consistorio justifica la medida argumentando que “busca combatir la delincuencia organizada” asociada a algunas ocupaciones, mientras que colectivos del movimiento de vivienda alertan de que esta política puede afectar principalmente a familias sin alternativa habitacional.
De hecho, la nueva orden pone énfasis en “la persecución de las redes delictivas vinculadas a la ocupación”, señalando que muchas de ellas estarían relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión de personas vulnerables. Sin embargo, desde las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda se ha solido criticar a menudo que estos enfoques pueden acabar afectando principalmente a familias sin recursos, mientras que las mafias, que operan con estructuras más organizadas y con más recursos, encuentran formas de eludir los desalojos. Además, tratar de distinguir los casos de “vulnerabilidad” y “no vulnerabilidad” puede resultar redundante cuando se trata de personas que ocupan viviendas porque no tienen dónde alojarse.
En cualquier caso, esta medida hace que los casos de ocupación se tramiten por la vía rápida siempre que no haya “otros delitos relacionados”, lo que acelerará los procedimientos judiciales. Aunque el Ayuntamiento asegura que se ofrecerán “alternativas” a las personas en situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales, la falta de recursos habitacionales en la ciudad podría poner en duda la efectividad de esta medida desde el punto de vista social.
Este cambio de rumbo en la política municipal se produce en un contexto de crisis habitacional, con precios del alquiler disparados y una creciente lista de espera para acceder a vivienda social. Colectivos sociales señalan que el Ayuntamiento asume un discurso alarmista sobre la ocupación, ignorando que la mayoría de los casos responden a la falta de acceso a una vivienda de calidad. Fuentes del movimiento de vivienda señalan que esta decisión podría interpretarse como un intento de responder a la presión social y mediática sobre “la seguridad” y “la convivencia” que están marcando diferentes sectores, especialmente desde la extrema derecha.
Mientras el consistorio defiende que la nueva instrucción busca “hacer más eficiente” la gestión de estos casos, la medida genera tensiones con los movimientos sociales que han respaldado hasta ahora a la EI en Girona, muchos de ellos defendiendo abiertamente la práctica de la ocupación. Supone, por tanto, un endurecimiento significativo de la postura de la CUP en materia de ocupación, alejándose del enfoque de políticas de vivienda más garantistas que históricamente ha caracterizado al independentismo de izquierdas. Esta medida llega, además, en un contexto de crisis habitacional, con precios del alquiler disparados y una creciente lista de espera para acceder a vivienda social.
El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya responde
Marina Parés, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) se ha pronunciado sobre la cuestión: “Sorprende el silencio de la EI respecto a las políticas anunciadas por Guanyem Girona”. Parés recuerda el debate que se dió en redes sociales a la salida del 2º Congrés de Habitatge, donde la EI habló de “acabar con el mercado de la vivienda” y “crear contextos de posibilidad para hacerlo”
Desde el SHSC denuncian que lo que se puede ver en Girona es “un supuesto gobierno de izquierdas al frente de políticas de criminalización y endurecimiento penal de la ocupación”, que legisla al mismo tiempo para garantizar el derecho a la propiedad privada de los pequeños propietarios. Por ello, el SHSC considera necesario que desde el Movimiento por la Vivienda “se haga una crítica más contundente al anuncio de estas políticas”, ya que es una crítica “suficientemente compartida”.
Parés ha lanzado la siguiente pregunta a las bases de la EI: “¿A qué responde esta falta de crítica de la EI hacia los sectores de su movimiento que impulsan políticas en dirección contraria a la creación de estos contextos de posibilidad? ¿Es esta la forma de acabar con el mercado de la vivienda?”.
Por ello, el SHSC reafirma “la aportación de trabajar por un sindicalismo de vivienda que rompa con la influencia de los partidos de izquierdas, que señale la política parlamentaria como parte del problema y la irresolubilidad del problema de la vivienda a partir de esta”.
