La Comisión Europea presentó el martes un nuevo reglamento que, si es aprobado, permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) expulsar a solicitantes de asilo rechazados a países fuera del bloque, incluso si estos nunca han estado en ellos.
La propuesta no establece un programa europeo para la construcción de centros de deportación, pero proporciona la base legal para que los gobiernos acuerden con terceros países la recepción de estas personas a cambio de incentivos financieros; el mismo modelo que ha seguido Italia con Albania. Según el reglamento, el traslado “solo podrá realizarse una vez agotadas todas las vías legales de recurso y emitida una orden de retorno definitiva”.
El reglamento redefine el concepto de “país de retorno”, ampliando las posibilidades de expulsión más allá del país de origen o tránsito del la prersona migrante en cuestión. Actualmente, las normas de la UE permiten la deportación únicamente si el solicitante da su “consentimiento”, pero con la nueva normativa, este requisito se vería eliminado-
La Comisión Europea no dirigirá directamente la construcción o gestión de los centros de deportación, dejando esta responsabilidad a los Estados miembros. Países como Italia, Dinamarca y los Países Bajos han impulsado la iniciativa y podrían ser los primeros en implementarla. En particular, el gobierno italiano estudia convertir los centros de procesamiento de solicitudes de asilo en Albania en centros de retorno, según informó la agencia de noticias ANSA.
Organizaciones humanitarias han manifestado su preocupación por posibles vulneraciones de derechos humanos. Amnistía Internacional criticó la propuesta, calificándola como una concesión a gobiernos “anti-derechos humanos y anti-migración”.
Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, defendió la medida asegurando que “crea el marco legal, pero deja a los Estados miembros la decisión de aplicarlo”. La regulación también contempla la posibilidad de detención prolongada de las personas migrantes en los centros de deportación y la imposición de sanciones económicas para quienes incumplan las normas del retorno. La propuesta ahora deberá ser debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
