Las grandes compañías eléctricas han reactivado su presión para modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) español, tras el apagón ocurrido el 28 de abril en la Península Ibérica.
El plan actual, acordado en 2019 entre Moncloa, Enresa y las propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), contempla el inicio del desmantelamiento en 2027 con Almaraz (Cáceres) y su finalización en 2035 con Trillo (Guadalajara).
Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de Almaraz, han pedido públicamente una revisión del calendario, señalando “la necesidad de garantizar la seguridad del suministro eléctrico”.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendió la energía nuclear durante la presentación de resultados: “Las centrales nucleares son eficientes y seguras y son la solución menos cara para garantizar la estabilidad del sistema y el suministro de energía”.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, exigió este 8 de mayo “una revisión de la fiscalidad de la energía nuclear para garantizar su viabilidad económica de modo que pueda proporcionar seguridad de suministro en los próximos años”.
En la misma línea, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ya había planteado el pasado 1 de abril una “tregua” de dos o tres años sobre el cierre de los reactores de Almaraz, en el foro Wake Up Spain organizado por El Español e Invertia.
A estas peticiones se ha sumado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha declarado este jueves que “no sobra ninguna energía” y ha pedido “una buena gestión del efecto renovable”. Durante un acto en Cádiz, defendió que “también es fundamental la energía de base, como son las nucleares”.
Las compañías eléctricas aseguran que estas propuestas “no responden solo al apagón reciente”, sino que formarían parte de su posicionamiento desde hace meses ante la evolución del sistema eléctrico.
