El sistema de acogida de menores migrantes en Canarias atraviesa una crisis estructural. En el último año, al menos cinco centros han sido clausurados por la Dirección General de Protección del Menor y la Infancia tras detectarse vulneraciones graves de derechos.
El caso más reciente, en el centro La Fortaleza I (Santa Brígida, Gran Canaria), derivó en la detención de nueve trabajadores por presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacciones, odio y atentado contra la integridad moral.
Según la investigación judicial, se documentaron “castigos físicos, insultos racistas, intimidaciones y aislamientos prolongados”, hechos que motivaron el cierre del recurso, que gestionaba la entidad Quorum Social 77. Fuentes oficiales consultadas por La Provincia confirman que se trataba de un dispositivo con 43 menores.
Casos similares se han repetido en otros puntos del archipiélago. En abril de 2025 fue clausurado el centro Volcán de Timanfaya (Lanzarote), a cargo de la asociación SOS Emergencias Canarias Sociosanitaria, tras constatarse condiciones de insalubridad como habitaciones sin puertas, colchones rotos, duchas inutilizadas, basura acumulada, sin agua caliente ni servicio de limpieza.
Un año antes, en abril de 2024, el albergue La Santa (Tinajo, Lanzarote) fue cerrado tras denuncias por amenazas y coacciones a los menores. En ese caso, la Guardia Civil investigó a cinco trabajadores vinculados a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y Fundación FEPAS.
En Gran Canaria, la Fiscalía abrió diligencias contra Rafael Hernández, presidente de COAG y director del centro Tagoror, acusado de explotación laboral de menores migrantes en fincas agrícolas de su propiedad.
Organizaciones como Save the Children y CEAR advierten que el colapso del sistema impide garantizar derechos básicos.
Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save the Children, subraya que “un sistema tan tensionado y sobresaturado” requiere “corresponsabilidad territorial y planes de contingencia” para mantener los estándares mínimos de protección.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR Canarias, denuncia que “los errores no pueden justificarse por la emergencia” y reclama un modelo “vinculante y corresponsable” a nivel estatal.
Mientras tanto, 4.000 menores esperan su traslado a otras comunidades autónomas en virtud de un real decreto aprobado hace más de dos meses, pero cuya aplicación sigue bloqueada por la falta de acuerdo entre administraciones.
El Defensor del Pueblo ha recomendado sustituir los macrocentros por unidades más pequeñas y supervisadas.
