El número de bajas de contratos fijos discontinuos se ha duplicado desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021, y actualmente supera al de contratos temporales dados de baja anualmente, según el informe anual del Banco de España publicado este mayo.
El documento, que analiza la evolución del empleo tras la reforma codiseñada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, advierte de que persiste una “elevada rotación laboral” pese al aparente “descenso de la temporalidad”.
Los datos de la Seguridad Social muestran que las tasas de baja de fijos discontinuos “han repuntado notablemente” respecto al periodo 2015–2019, y “desde 2022, se han duplicado, hasta exceder las que se observan para los contratos temporales”.
El informe señala que la tasa de temporalidad se ha reducido, en teoría, del 25% al 15,9% en 2024, aunque con diferencias notables entre el sector privado (12,6%) y el público (28,8%).
La rotación, medida por la relación entre altas y bajas mensuales y el total de afiliados, se mantiene en una media del 1,1% entre 2022 y 2024, apenas por debajo del 1,3% registrado entre 2015 y 2019. El Banco de España precisa que “la mayor rotación en los contratos permanentes es resultado de mayores flujos de entrada y salida del empleo”, especialmente en los fijos discontinuos.
Además, el informe incluye datos de la Labour Force Survey de Eurostat que indican que en 2024 el 2,8% de los empleados en el El Estado español pasaron al desempleo, frente al 1,8% en el Estado francés y el 0,8% en Alemania e Italia.
La tasa combinada de rotación entre empleo y paro en el Estado español fue del 6,3%, frente al 4% en el Estado francés y el 2,3% en Alemania e Italia.
En este contexto, el Gobierno español ha retrasado hasta enero de 2026 la publicación de la evaluación oficial de la reforma laboral, pese a que el Real Decreto-ley 32/2021 establecía como plazo enero de 2025.
Este retraso ha sido criticado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte de que “la falta de evaluación dificulta valorar el impacto real de la reforma”.
