Representantes de organizaciones no gubernamentales denunciaron este jueves que al menos 415 personas han muerto bajo custodia estatal en centros penitenciarios de El Salvador desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, afirmó en rueda de prensa que “llevamos más de 415 personas asesinadas en manos del Estado”, cifra que calificó como “un estimado” basado en denuncias recopiladas por las organizaciones. Según Díaz, “el Estado no brinda información al respecto”.
El régimen, que suspende garantías constitucionales, ha permitido más de 85.900 detenciones, según datos oficiales recogidos por EFE.
Las organizaciones alertan también sobre graves violaciones a derechos y denuncian el uso del régimen especial como herramienta de control social.
David Ortiz, también abogado de Tutela Legal, sostuvo que “el régimen de excepción no tiene como fin último garantizar la seguridad, tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial”.
Ortiz ha citado casos recientes de detención de defensores de derechos humanos como Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. La Fiscalía ha imputado a Henríquez y Pérez por “desórdenes públicos”, mientras que López permanece detenida sin cargos formales.
El Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) informa que ha presentado más de 600 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, sin recibir respuesta.
Samuel Ramírez, miembro del colectivo, denunció que “la represión de derechos humanos se está agudizando” y critica la falta de voluntad del Gobierno para atender las demandas de las víctimas.
Este mismo jueves, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, tiene previsto aprobar la prórroga número 39 del régimen de excepción, según adelanta EFE.
