El Partido Popular ha advertido este lunes de que sus presidentes autonómicos podrían no asistir a la Conferencia de Presidentes convocada este viernes en Barcelona si el Gobierno español no incluye sus propuestas en el orden del día.
Según fuentes de la dirección estatal del partido citadas por EFE, los presidentes del PP han remitido escritos individuales al Ministerio de Política Territorial solicitando ampliar los temas a tratar.
La agenda propuesta por el Gobierno incluye el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria, pero los ejecutivos populares exigen debatir también sobre la financiación autonómica, la crisis energética, el transporte ferroviario, la atención sanitaria y la gestión migratoria.
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado la convocatoria como “ilegal” por no cumplir con el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que establece que el orden del día “debe acordarse con la participación de al menos diez comunidades o ciudades autónomas”.
En este sentido, ha anunciado que, si no se modifica la agenda, acudirán a los tribunales para solicitar medidas “cautelarísimas”.
Por su parte, el portavoz estatal del PP, Borja Sémper, no ha descartado que los presidentes del partido se ausenten de la reunión si no se aceptan sus reclamaciones, que consideran ignoradas tras el fracaso de la reunión preparatoria celebrada el pasado miércoles.
Desde la sede estatal del PP en Madrid han señalado que, en caso de que no se produzca una respuesta del Ejecutivo antes del viernes, los gobiernos autonómicos populares decidirán individual o colectivamente qué pasos seguir.
Entre las demandas adicionales también figura un cambio de formato que permita respuestas del presidente del Gobierno a los demás mandatarios, superando los actuales diez minutos de intervención por comunidad.
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, ha expresado igualmente su “malestar” por la “falta de información sobre la agenda” y ha reclamado que se incluya la “alerta financiera” que atraviesan los ayuntamientos.
