El gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado desde enero hasta el 27 de mayo un total de 17.025,97 millones de euros en compromisos de gasto militar no previstos en los presupuestos iniciales, según un análisis publicado por el Grup Antimilitarista Tortuga y firmado por Juan Carlos Rois. De esa cantidad, más de 11.000 millones corresponden a pagos plurianuales que se ejecutarán en los próximos años, lo que incrementa la carga financiera futura del Estado.
El informe señala que este gasto extraordinario no solo proviene del Ministerio de Defensa, sino que implica a otros departamentos como Hacienda, Transformación Digital, Industria y Exteriores. Hacienda destaca como el principal promotor, con transferencias para programas de armas, satélites militares, proyectos tecnológicos y construcción naval, así como créditos a interés cero para la industria.
Además, Defensa ha recibido suplementos para retribuciones, operaciones en el exterior y mantenimiento de equipos, mientras que Transformación Digital ha destinado fondos a ciberseguridad y Exteriores ha contribuido con cuotas a organizaciones militares como la OTAN.
Según los datos recopilados, el gasto militar comprometido en partidas plurianuales ya supera los 45.000 millones de euros, con cifras que, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), situaban el gasto plurianual de Defensa por encima de los 35.000 millones a finales de 2024.
El informe destaca que el crecimiento del gasto en 2025 es un 46% superior al del mismo periodo en 2024, cuando hasta mayo se habían autorizado 10.110,79 millones de euros. El autor estima que el gasto militar anual podría situarse entre los 55.000 y 65.000 millones de euros si se suman todas las partidas comprometidas y las promesas realizadas a la OTAN.
El análisis también denuncia la falta de transparencia en algunas partidas, como las destinadas a nuevas convocatorias de personal militar, fortificación de fronteras o modificaciones reglamentarias, cuyo impacto presupuestario no se detalla.
Además, se señala la participación de organismos como el ICO y el CDTI en la financiación de la industria militar, a través de créditos y subvenciones a fondos de inversión y empresas del sector aeroespacial y de defensa.
Entre los beneficiarios de estas inversiones figuran grandes compañías como Airbus, Escribano, INDRA, General Dynamics European Land Systems, Rheinmetall, Istalaza y Navantia, así como consorcios empresariales vinculados a proyectos tecnológicos y militares europeos.
El informe subraya que el objetivo político de mantener al Estado español entre los diez principales exportadores de armas del mundo impulsa este flujo de recursos públicos hacia el sector militar.
El Grup Antimilitarista Tortuga concluye que el aumento del gasto militar en 2025 no ha encontrado oposición significativa dentro del Consejo de Ministros ni entre los partidos que apoyan el bloque de investidura del Gobierno español.
El colectivo critica que, mientras se incrementan los recursos destinados a gasto militar, se dejan de lado otras partidas como la inversión en sanidad o vivienda, y alerta sobre el impacto a largo plazo de la deuda militar comprometida en los presupuestos futuros.
