La militante del PSOE Leire Díez, popularmente conocida como la fontanera de Ferraz, ha solicitado su “baja voluntaria” del PSOE tras declarar este martes ante el instructor designado por el partido para analizar su implicación en los audios en los que se le atribuye haber solicitado información comprometida sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según ha comunicado el PSOE, con esta solicitud de baja “quedará suspendida cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella” una vez sea efectiva.
La comparecencia tuvo lugar en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, donde Díez permaneció durante cerca de dos horas sin hacer declaraciones públicas. Una rueda de prensa está convocada por ella para el miércoles.
El caso ha generado una fuerte reacción en el arco parlamentario. Según recoge EFE, ERC, Junts, Podemos, PP y Vox han reclamado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para dar explicaciones.
Además, el Partido Popular presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset.
Según el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los hechos revelados por la prensa evidencian una “guerra sucia del PSOE y sus satélites” para “obstruir la actuación de la justicia”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha interpuesto una denuncia, acusando a Díez de intentar obtener información del mando de la UCO Antonio Balas, sumándose así a la presentada ayer por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.
Por parte del Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó que “esta mujer, en ningún caso, habla en nombre del Gobierno” y defendió que el PSOE actuará de forma “absolutamente contundente si así lo exige la situación”.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), ha reclamado medidas “serias” contra la corrupción. En cuanto al procedimiento interno, fuentes del PSOE informaron a EFE que el instructor del caso, perteneciente a los servicios jurídicos del partido, “elaborará un informe que se trasladará posteriormente a los órganos políticos correspondientes”, los cuales decidirán si continúan con un expediente disciplinario o dan por concluido el proceso.
