El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno español adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para asumir la atención de más de un millar de menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias sin acceso efectivo al sistema de protección internacional.
En un auto emitido tras la vista del pasado 29 de mayo, el tribunal constata el claro incumplimiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de la medida cautelar dictada el 25 de marzo, que exigía la evaluación individual y la elaboración de un registro detallado de estos menores.
Según el fallo, recogido por Europa Press, en los dos meses transcurridos desde la orden inicial no se ha evaluado a ningún menor ni se ha elaborado la relación completa de los mismos.
El Supremo sostiene que esta omisión implica un total desconocimiento de los derechos que reconoce la legislación en materia de protección internacional, especialmente en el caso de personas en situación de vulnerabilidad y necesidad.
Los magistrados advierten que, de persistir esta actitud, se adoptarán “medidas coercitivas”, entre ellas multas económicas de entre 150 y 1.500 euros para los responsables ministeriales, y no descartan iniciar actuaciones por la vía penal.
En concreto, el tribunal da al Gobierno español 30 días para dotar a las oficinas administrativas competentes de los medios personales y materiales necesarios, y fija un plazo de 6 días para formalizar las solicitudes desde el momento en que los menores manifiesten su voluntad de pedir asilo.
Asimismo, el alto tribunal exige que en un plazo de 15 días se establezca un mecanismo de colaboración con el Gobierno de Canarias, incluyendo recursos humanos, materiales y económicos para garantizar el acceso de los menores al sistema de acogida.
Se requiere también la identificación de los responsables ministeriales del cumplimiento de estas medidas, con obligación de informar a la Sala cada 15 días.
El Supremo subraya que los retrasos y deficiencias actuales en la tramitación de las solicitudes generan una situación abiertamente incompatible con el estatuto de solicitante de protección internacional, lo que puede suponer una vulneración de derechos fundamentales por parte del “Gobierno más progresista de la historia”.
