La XXVIII Conferencia de Presidentes del Estado español, celebrada este viernes en Barcelona (Catalunya), se saldó sin acuerdos y en un clima de enfrentamiento abierto entre el Gobierno central y los presidentes autonómicos del Partido Popular, que utilizaron el foro para exigir en bloque la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Según fuentes del PP y declaraciones recogidas por EFE, el partido argumentó que la situación política es “crítica”, que el Ejecutivo carece de mayoría y que “los españoles deben decidir”. Pedro Sánchez rechazó de plano la posibilidad de un adelanto electoral y reiteró que los comicios serán “en 2027, cuando tocan”.
El plan del PP de centrar el debate en la exigencia de elecciones anticipadas quedó relegado por el protagonismo de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña negó el saludo a la ministra de Sanidad, Mónica García, y se ausentó durante las intervenciones en catalán y euskera, lo que desató el malestar de los gobiernos vasco y catalán y acaparó la atención mediática.
Mientras tanto, otros presidentes populares como Alfonso Rueda o Marga Prohens emplearon las lenguas de sus territorios sin incidentes.
La polémica sobre el uso de las lenguas cooficiales y los desplantes de Ayuso eclipsaron el mensaje político consensuado por el PP y relegaron a un segundo plano los asuntos de gestión, como la financiación autonómica o la política de vivienda.
El encuentro, que Moncloa pretendía dedicar a propuestas como “triplicar la inversión pública en vivienda“, se convirtió en un anticipo de la manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo bajo el lema “Mafia o democracia”.
Solo cinco comunidades —La Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Nafarroa, Asturies y Canarias— aceptaron negociar las transferencias económicas prometidas, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
El resto de presidentes populares mantuvieron la presión sobre Sánchez y anunciaron que insistirán en la concentración del domingo en Madrid.
