El municipio de Figueruelas, en la provincia de Zaragoza (Aragón) y con poco más de 1.200 habitantes, se enfrenta a un cambio demográfico sin precedentes: la llegada de cerca de 2.000 trabajadores procedentes de la República Popular China para la construcción de la nueva gigafactoría de baterías eléctricas de CATL y Stellantis.
Esta planta, que será la mayor de su tipo en el Estado español y una de las más grandes de Europa, prevé una inversión de 4.100 millones de euros y la contratación directa de 3.000 trabajadores una vez esté operativa en 2027, según informa El País.
Así lo ha confirmado en la Cadena SER el alcalde de Figueruelas (Zaragoza, Aragón), Luis Bertol: “Tendremos a 2.200 personas chinas trabajando en la factoría, repito, 2.200 personas”, subrayando la magnitud del “reto demográfico y logístico”,
La empresa china CATL, líder en tecnología de baterías LFP, aportará el grueso de la fuerza de trabajo especializada, mientras que Stellantis, propietaria de la planta de Opel en la localidad, coordina el proyecto industrial.
El Ayuntamiento dará el permiso para el uso de terrenos municipales, donde se instalarán viviendas temporales tipo mobil home para los trabajadores chinos, dada la escasa oferta inmobiliaria local, y se prevé que parte de los ingenieros y sus familias residan en la ciudad de Zaragoza, donde el precio de los alquileres ha subido más de un 10% en el último año.
El proceso de selección y traslado de los trabajadores será gestionado por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que regulará los permisos en origen y por fases, según explica el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
El secretario regional de UGT, José Juan Arceiz, advierte que “tendrán que cumplir las mismas leyes españolas, los convenios y las condiciones de aquí”, y asegura que los sindicatos “vigilarán el cumplimiento de la normativa laboral”.
La llegada masiva de trabajadores extranjeros a Figueruelas recuerda la experiencia de la instalación de General Motors en la zona hace más de 40 años, cuando también se desplazaron técnicos y operarios de distintos países.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, señala que la inmigración debe ser “legal y ordenada”, y que el proceso se realiza en coordinación con el Gobierno español.
Las autoridades locales y autonómicas reconocen los “desafíos sociales y de integración” de la operación, que se produce en un contexto de escasez de vivienda y presión ascendente sobre los servicios públicos.
