La Comisión Europea presentó este martes una propuesta para reducir el tope al precio del crudo ruso de los 60 dólares actuales a 45 dólares por barril, en línea con la cotización internacional, con el objetivo de “limitar los ingresos energéticos de Rusia”.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, declaró que la medida busca “aumentar la presión sobre Rusia con más sanciones robustas” ante la falta de avances en las negociaciones sobre Ucrania.
Esta propuesta será debatida en la próxima reunión del G-7 en Alberta, Canadá, y depende de la posición de los Estados Unidos de América, presidido por Donald Trump.
El paquete de sanciones incluye la ampliación de la lista de buques sancionados de la llamada “flota fantasma” rusa, sumando 77 navíos hasta superar los 400, y la inclusión por primera vez del capitán de uno de estos petroleros en la lista negra.
Además, se prevé sancionar empresas de Emiratos Árabes Unidos, Mauricio y Hong Kong que “facilitan la exportación de crudo ruso”.
Von der Leyen explicó que estas medidas “limitan severamente las opciones rusas para exportar su petróleo mediante esa flota fantasma”.
El borrador también contempla prohibir la importación de productos refinados basados en crudo ruso y sancionar entidades del sector del gas licuado ruso.
Otra de las novedades es la propuesta de prohibir de manera indefinida las transacciones a través de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, actualmente inutilizados, para “prevenir la reanudación de suministro de gas natural a través de esos gasoductos” y “cortar el potencial de generación de ingresos para Moscú”.
El paquete incluye también una transformación del veto al sistema SWIFT en una “prohibición de transacciones total” para 22 bancos rusos, la extensión del embargo de armas a Bielorrusia y la ampliación de las restricciones a exportaciones de tecnología y bienes industriales por valor de 2.500 millones de euros.
De aprobarse todas las propuestas, la lista de individuos sancionados sumariamente por la UE desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania desde 2022 superará los 2.500, según El País.
