Cinco años después de la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en el Estado español, la que se presentó como la “medida estrella contra la pobreza” por parte del primer Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, la prestación solo alcanza a 2,1 millones de personas mediante 719.543 prestaciones, lejos del objetivo inicial de llegar a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas en situación de pobreza severa, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión.
Tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como el Consejo Económico y Social (CES) advierten de que los problemas de cobertura “siguen siendo elevados” y que más de la mitad de las personas con derecho a la ayuda no la han solicitado, en parte por la falta de información accesible, la complejidad burocrática y el miedo a los reintegros por “pagos indebidos”; un temor para nada infundado, ya que hasta 15.000 familias han sufrido esta situación por errores administrativos.
El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación para investigar el alcance de los cobros indebidos, que han incrementado la vulnerabilidad de muchas familias obligadas a devolver cantidades percibidas por errores administrativos o retrasos en los requerimientos.
El CES señala que el diseño de la prestación deja fuera a cientos de familias, y estima que el 73% de los hogares elegibles para recibir la ayuda a la infancia vinculada al IMV “no la percibe por desconocimiento”.
Actualmente, la prestación media mensual se sitúa en 505 euros y la pobreza infantil en el Estado español alcanza el 29,2%, una cifra que sería aún mayor sin la intervención pública, según la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES).
Las reformas recientes para “facilitar el acceso”, como el mecanismo de transición para quienes agotan el subsidio por desempleo, siguen sin dar resultados. El conocimiento sobre el IMV sigue siendo limitado, los procedimientos son demasiado complejos y los obstáculos burocráticos frenan su supuesto potencial como “red de protección social”.
Cinco años después de su puesta en marcha, el aporte del IMV en reducir la pobreza severa en el Estado español resulta testimonial, ya que no ha logrado consolidarse como una red de protección efectiva para quienes más lo necesitan, según concluyen los propios organismos oficiales consultados.
