El Ayuntamiento de Girona (Catalunya), gobernado por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y presidido por Lluc Salellas, tramita el desahucio de una mujer y sus dos hijas menores de una vivienda de titularidad municipal. La información ha sido difundida por el Sindicat d’Habitatge de Girona a través de una nota de prensa y confirmada por declaraciones públicas de los portavoces implicados.
Según el Sindicat d’Habitatge de Girona, la familia afectada —Nouama y sus dos hijas— enfrenta el procedimiento de desalojo por impago y por “infracción de la cláusula de empadronamiento”. La organización sostiene que “no se puede defender el derecho a la vivienda en un sitio mientras se desahucia en otro”, en palabras de Fàtima Aatar, portavoz local del sindicat.
El sindicat denuncia que la decisión del Ayuntamiento se produce apenas dos días después de que la CUP presentara su nuevo logotipo y un proyecto político que sitúa “el derecho a la vivienda como eje central”. El Sindicat d’Habitatge de Girona califica de “hipocresía” que el gobierno local “vote a favor de desahuciar a una familia” tras haber firmado pactos con el PSC para trasladar las demandas del movimiento por la vivienda a las instituciones.
La regidora de vivienda, Amy Sabaly (CUP), ha respondido a las críticas a través de la red social X, donde ha calificado al sindicat de “populista”, lo que ha generado polémica y debate en redes sociales.
El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), del que forma parte la sección de Girona, sostiene que la justificación institucional del desahucio “se sostiene en un relato falso, engañoso y contradictorio” y subraya que la familia afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, SHSC recuerda que una cuarta parte de la población catalana se encuentra en una situación similar: “el 25% de la población catalana vive en situación de pobreza estructural” y denuncia que el Ayuntamiento “mantiene pisos vacíos y sigue ejecutando desahucios, igual que hicieron gobiernos anteriores de PSC y comunes”.
Respecto a la cláusula de empadronamiento, el sindicat acusa al gobierno local de “falta absoluta de vergüenza”, señalando que “el empadronamiento es fundamental para iniciar procesos de regularización” y que utilizarlo como motivo de desahucio es incompatible con la defensa del derecho a la vivienda.
El Ayuntamiento de Girona justifica el procedimiento por el “incumplimiento de las normas de acceso a la vivienda social”, según la versión institucional recogida en la nota de prensa y en las declaraciones de la propia regidora Amy Sabaly.
El proceso administrativo sigue su curso y, según el sindicat, “el desahucio puede producirse en cualquier momento, sin fecha fijada ni garantía de aviso previo”.
El SHSC afirma que ha interpuesto acciones legales y ofrece acompañamiento sindical a la familia afectada. Fàtima Aatar concluye: “El sindicato es la única garantía para defendernos y garantizar un techo”, e invita a “todas las personas afectadas por problemas de vivienda o que quieran defender el derecho a un techo digno a afiliarse y participar en la lucha sindical”.
