Manuel Sánchez Corbí, coronel retirado y exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, trabaja en Acciona desde 2021 como director del área de seguridad internacional, según confirma la propia compañía.
Su labor consiste en “supervisar la seguridad de los proyectos internacionales de la multinacional”, que obtiene tres cuartas partes de sus ingresos fuera del Estado español y opera en más de 40 países.
Sánchez Corbí, que no forma parte de la alta dirección pero reporta directamente al director de seguridad corporativa, fue contratado tras dejar la Guardia Civil por un enfrentamiento con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que concluyó en los tribunales.
La presencia de Sánchez Corbí en Acciona coincide con la investigación judicial sobre la presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, en la que la empresa está señalada como la principal pagadora de comisiones a políticos como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.
La compañía, presidida por José Manuel Entrecanales, anunció la apertura de “una investigación interna y el despido de su director de construcción” para el Estado español y Portugal, Justo Vicente Pelegrini, tras ser mencionado en el informe de la UCO.
Puertas giratorias policiales
Las contratación de exmandos policiales y de inteligencia en puestos de seguridad son una práctica habitual en grandes empresas españolas, como Telefónica, Santander, Repsol o BBVA.
Sin embargo, la coincidencia de la trayectoria de Sánchez Corbí —quien dirigió la UCO durante la investigación de casos de corrupción como los ERE, Púnica o Lezo— con la situación actual de Acciona, ha encendido el debate sobre las denominadas “puertas giratorias” entre cuerpos policiales del Estado la gran empresa.
Veterano de la “lucha antiterrorista” condenado por torturas
Manuel Sánchez Corbí es un coronel retirado de la Guardia Civil con más de 25 años dedicado a la “lucha antiterrorista” en Euskal Herria. Durante su carrera, dirigió operaciones clave y fue jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), liderando investigaciones sobre la corrupción y el “crimen organizado”.
Dentro del Estado, es reconocido por su papel en varios operativos y por su defensa de la Guardia Civil, aunque su trayectoria también ha estado marcada por tensiones institucionales y políticas. En 1992, fue por torturas contra una persona detenida bajo la acusación de ser miembro de ETA. La sentencia contra el coronel fue posteriormente reducida y parcialmente indultada, lo que le permitió continuar en la Guardia Civil.
Este episodio ha generado críticas y controversias sobre su actuación. Fu tras su salida del cuerpo en 2021 cuando pasó al sector privado como director de seguridad internacional de Acciona.
