En solo una semana, al menos dos desahucios ilegales han tenido lugar en el Casco Viejo de Iruñea (Nafarroa). Según el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, desde el año 2000 están prohibidos los llamados “desahucios abiertos”: es obligatorio fijar día y hora para el lanzamiento, tal como recoge el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar la inseguridad y desprotección de las personas afectadas.
Sin embargo, según denuncia el sindicato, “la historia se repite”: igual que la semana pasada con una mujer llamada Ana Belén, hoy Sadaha y su hijo han sido desahuciados en el número 82 de la calle Jarauta, sin aviso previo ni orden judicial. Son víctimas de una estafa.
En ambos casos se ha actuado del mismo modo. El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria ha llamado a resistir ambos desahucios, y gracias a las movilizaciones, los días y horas señalados para los desalojos, las comitivas judiciales han determinado que no había condiciones para ejecutarlos. Así, el sindicato logró frenar el desahucio de Ana Belén el 4 de junio y ayer el de Sadaha.
A las 6:30, sin aviso y en silencio
Pese a todo, este viernes sobre las 6:30 de la mañana, fuerzas policiales han acudido a Jarauta sin avisar previamente a Sadaha, dejando a la familia completamente desprotegida. La Policía española ha cerrado las calles aledañas y, tras entrar la comitiva judicial y el cerrajero bajo protección policial, Sadaha y su hijo han sido expulsados de su casa.
El sindicato ha llamado a acudir desde primera hora y varias personas se han acercado a apoyar a la familia. Muchos vecinos de Jarauta han salido a sus balcones para hacer ruido y protestar por el desahucio: se escuchaban gritos de “Vecina, despierta, desahucian en tu puerta” por toda la calle.
Sadaha se ha negado a abandonar la vivienda sin ver una orden judicial, pero ha sido igualmente desalojada. El sindicato ha subrayado que no se ha garantizado ni el derecho de defensa, ni la protección de personas vulnerables, ni la seguridad jurídica más básica. Añade: “Para la clase trabajadora no hay ley. La ley está del lado de los de siempre, y solo nos queda organizarnos”.
Presión desde los servicios sociales para aceptar una habitación de hotel
Tras el desahucio, la familia ha sido trasladada en una furgoneta policial a los servicios sociales municipales en la calle Zapatería. La única opción que se les ha ofrecido ha sido una habitación de hotel, y se les ha presionado para aceptarla, aunque Sadaha ya había explicado que esa alternativa no se ajusta a sus necesidades ni circunstancias familiares.
El sindicato ha llamado a acudir a Zapatería y varias personas se han acercado, pero los servicios sociales han impedido que los miembros del sindicato acompañaran a Sadaha, forzándola a aceptar la propuesta del hotel. La mujer ha sido sacada por la puerta trasera, como si estuviera detenida, para evitar el apoyo de quienes esperaban fuera. Finalmente, Sadaha y su hijo han sido llevados a un hotel, sin que se les ofreciera una alternativa habitacional real.
Antecedentes: irregularidades y desprotección
“Sadaha y su hijo empezaron a vivir en esta casa de Jarauta a finales del año pasado, supuestamente a cambio de un alquiler. Después supieron que la persona que les alquiló no era la verdadera propietaria. Fueron víctimas de una estafa y desde entonces han estado en situación muy vulnerable”, recuerda el sindicato. El verdadero propietario presentó una denuncia en marzo, iniciando el proceso de desalojo.
“El procedimiento ha sido muy rápido”, señalan, ya que se ha aplicado la medida de “desalojo exprés” (Ley 5/2018), que permite realizar lanzamientos sin juicio, dejando a Sadaha y su hijo sin protección jurídica. “No se les ha reconocido ninguna protección legal ni se ha aplicado la moratoria de desahucios pese a que la vulnerabilidad estaba acreditada en los juzgados”.
Atención a próximas convocatorias
El sindicato anuncia que presentará denuncias legales argumentando que el desahucio ha sido ilegal. Además, considera imprescindible la denuncia social y llama a estar atentos a nuevas movilizaciones: “No podemos permitir desahucios sin orden judicial, sin derechos y sin protección. Hay que organizarse contra la impunidad de propietarios, Policía e instituciones”, concluyen.
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