Hoy se cumplieron treinta años del inicio de los graves incidentes ocurridos durante la llegada y el entierro de los restos de Joxean Lasa y Joxi Zabala, secuestrados, torturados y asesinados en 1983 por miembros de los GAL. El 22 de junio de 1995, tras la identificación de los cuerpos en Alacant, los féretros llegaron al aeropuerto de Hondarribia (Gipuzkoa), donde la Ertzaintza y la Policía Nacional española cargaron contra familiares, allegados y miembros de la Izquierda Abertzale que intentaban rendirles homenaje.
Según crónicas de la época recogidas por El País y Egin, las unidades antidisturbios emplearon pelotas de goma a bocajarro y porras para dispersar a los asistentes, en cumplimiento de la orden judicial que prohibía “actos públicos de recuerdo a miembros de ETA”. Sin embargo, Lasa y Zabala no tenían causas judiciales abiertas en el momento de su secuestro y asesinato extrajudicial.
La represión continuó en el cementerio de Tolosa (Gipuzkoa), donde la Ertzaintza volvió a intervenir de forma violenta cuando los familiares intentaron sacar los ataúdes de los coches fúnebres para rezar un responso. El juez de la Audiencia Nacional española, Carlos Bueren, había ordenado el entierro inmediato de los cuerpos, impidiendo el funeral de cuerpo presente que la familia había previsto para el día siguiente.
Durante la carga policial en el camposanto, al menos tres familiares resultaron heridos y varios asistentes denunciaron el uso de la fuerza. Finalmente, tras la llegada de la documentación necesaria, se permitió el sepelio en una fosa común, bajo la vigilancia de agentes de paisano y ante la presencia de decenas de personas que portaban ikurriñas con crespón negro y entonaron el Eusko Gudariak (el himno del soldado vasco).
El caso de Lasa y Zabala, y los incidentes de aquel 22 de junio de 1995, siguen siendo una marca de la violencia de Estado en Euskal Herria. Años después, la Audiencia Nacional española condenó a cinco responsables —el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero, y los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo— por los delitos de secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Sin embargo, las condenas fueron limitadas en número y, pese a las altas penas impuestas inicialmente (entre 71 y 75 años de prisión), varios de los condenados accedieron a beneficios penitenciarios y salieron en libertad tras cumplir solo una parte de la condena.
Mientras tanto, familiares y colectivos memorialistas reclaman verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la llamada guerra sucia.
