Moncloa ha solicitado este lunes a la Unión Europea la “suspensión inmediata” del acuerdo de asociación con el Estado de Israel, un embargo de armas y “sanciones individuales a responsables de obstaculizar la solución de dos Estados”, según ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La petición se produce tras el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que detecta, tras dos años de genocidio a gran escala en la Franja de Gaza, “indicios” de incumplimiento de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Albares ha instado a la UE a pasar “de las palabras a la acción” y ha defendido que “no son las denuncias las que van a parar esta guerra inhumana en Gaza, son las acciones”.
Sin embargo, mientras Madrid reclama medidas contundentes en Bruselas, a nivel estatal no ha implementado aún un embargo efectivo de armas ni ha suspendido sus propias relaciones bilaterales con el Estado de Israel. El Congreso de los Diputados aprobó en mayo tramitar una reforma legal para permitir el embargo de armas a países que vulneren el derecho internacional humanitario, pero la medida sigue en trámite y no se ha traducido en una suspensión inmediata de exportaciones. Además, la reforma legal no es necesaria para decretar un embargo de armas al Estado de Israel; basta con tomar la decisión en el Consejo de Ministros del Gobierno español, que también ha continuado revisando contratos de material militar con empresas y autoridades israelíes y permitiendo escalas y cargas de armamento con destino a la Palestina ocupada por el Estado de Israel, rescindiendo solo algunos acuerdos puntuales tras la presión política y social.
La supuesta iniciativa de las autoridades españolas, que genera escepticismo y críticas entre las organizaciones pro-palestinas, cuenta con el apoyo de 17 Estados miembros de la UE, pero países como Alemania mantienen su rechazo frontal y continúan exportando material militar a la Palestina ocupada.
Así, mientras el Gobierno español pide a la Unión Europea que actúe con “valentía”, sigue sin agotar las herramientas legales y diplomáticas propias que tiene a su disposición para aplicar unilateralmente las mismas medidas que exige en el ámbito comunitario.
