El Tribunal Constitucional español ha comenzado este lunes una reunión especial que durará toda la semana para decidir si la ley de amnistía, que perdona ciertos delitos relacionados con el ‘procés’ en Catalunya, es válida según la Constitución española. Esta ley ha sido recurrida por el Partido Popular, que pide que se anule. La decisión que tome el tribunal servirá de guía para otros treinta casos similares que están pendientes de resolución.
La propuesta principal que se debate, redactada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, defiende que la ley de amnistía sí es constitucional, pero introduce algunas salvedades. Por ejemplo, no se perdonarán hechos ocurridos después del 13 de noviembre de 2023, y el perdón no solo será para quienes apoyaron la independencia, sino también para quienes actuaron en contra. Además, antes de cerrar cualquier caso en el Tribunal de Cuentas, será obligatorio escuchar a todas las partes implicadas.
En el debate participan diez jueces: seis de tendencia “progresista” y cuatro “conservadores”. Dos jueces no participan porque ya habían opinado públicamente sobre la amnistía. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, es probable que la mayoría de los jueces apoye la propuesta de Montalbán, aunque la minoría pide más tiempo y que se espere a la opinión de la Justicia europea. La decisión final no afectará a casos como los de Carles Puigdemont u Oriol Junqueras en lo relacionado con la malversación, ya que el Tribunal Supremo no aplicó la amnistía en esos casos.
La importancia política de la ley de amnistía es muy alta porque representa un intento de pacificar una de las etapas de movilización y confrontación con el Estado español más intensas en la historia reciente: el proceso independentista catalán y sus consecuencias judiciales y políticas. Por ello, la aprobación de la amnistía ha sido una condición clave para que el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pudiera formar gobierno, ya que fue pactada con los partidos soberanistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, quienes exigieron la medida a cambio de su apoyo parlamentario.
Sin embargo, la norma ha sido muy polémica y ha generado una profunda división entre los partidos políticos, las instituciones del Estado y la sociedad, ya que la oposición la considera “una concesión política” y advierte que “el independentismo podría mantener sus demandas”. Por todo ello, la decisión del Tribunal Constitucional sobre la validez de la amnistía tiene un impacto directo tanto en la estabilidad política institucional como en la relación entre el Gobierno central y Catalunya.
