Varios colectivos que trabajan en el ámbito de la vivienda en Iruñea (Nafarroa, Euskal Herria) han denunciado públicamente este miércoles la ejecución de desahucios sin orden judicial ni alternativas habitacionales, así como la imposición de trabas al acompañamiento de personas afectadas por parte de organizaciones sociales. En una concentración frente al Ayuntamiento, organizaciones como el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, Sindicato de Vivienda de Haritu, PAH Berriozar, SOS Racismo Navarra, Salhaketa Nafarroa, el Punto de Información para Personas Migradas y Dar Etxea han señalado que en los últimos meses han sido testigos de “desahucios ejecutados por la policía sin ninguna orden judicial” y de “lanzamientos a familias con menores sin alternativa de vivienda estable”, como ocurrió recientemente en Antsoain (Nafarroa).
Según los denunciantes, en las dos últimas semanas se han producido dos desahucios ilegales en el Casco Viejo de la capital navarra, ya que se realizaron sin notificar fecha ni hora a las personas afectadas, contraviniendo el artículo 438.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los colectivos aseguran que esta práctica “anula prácticamente cualquier opción de luchar contra los desahucios más allá de la vía judicial” y advierten que puede sentar “un precedente peligrosísimo” para la defensa del derecho a la vivienda.
Las organizaciones también denuncian que los Servicios Sociales municipales aplican un “criterio interno” que limita o impide el acompañamiento de personas afectadas por parte de colectivos, lo que, según su declaración, vulnera el derecho de cualquier persona “a ser acompañada y a organizarse con quien considere oportuno”. Los colectivos afirman que esto “alimenta la opacidad del funcionamiento de las administraciones públicas” y dificulta la defensa de los derechos de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Finalmente, los colectivos firmantes exigen a juzgados, cuerpos policiales y administraciones municipales que respeten todas las garantías legales en los procedimientos de desahucio y que garanticen el derecho al acompañamiento y a la organización colectiva. Los denunciantes concluyen que “no podemos aceptar estos ataques a nuestros derechos” y manifiestan su voluntad de seguir trabajando junto a los sectores más golpeados por la crisis de vivienda, denunciando estos hechos y defendiendo sus condiciones organizativas.
