La Sala de Apelación del Tribunal Supremo español ha decidido no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y Antoni Comín en la causa del ‘procés’. Según informa EFE, el Supremo ha rechazado los recursos de nulidad presentados por sus defensas y ratifica que la malversación de caudales públicos no queda incluida entre los delitos amnistiables en su caso. La defensa de Puigdemont, dirigida por Gonzalo Boye, había acusado al tribunal de “resistencia virulenta” para no aplicar la amnistía, pero el Supremo sostiene que sus argumentos suponen un “manifiesto abuso de derecho”.
Esta decisión permite ahora a Puigdemont y Comín recurrir ante el Tribunal Constitucional, como ya han hecho otros líderes independentistas como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Mientras tanto, las órdenes de detención y las penas de inhabilitación para los condenados por el ‘procés’ seguirán en vigor hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la ley de amnistía en su conjunto, rechazando el recurso presentado por el Partido Popular y concluyendo que la norma “tiene pleno encaje en la Constitución” y que “no responde a capricho”, sino que busca “la normalización política en Cataluña y una mayor paz ciudadana”, según recogen los medios españoles.
Esta decisión implica que la ley es válida, aunque su aplicación concreta a casos como el de Puigdemont y Comín dependerá de futuros recursos y resoluciones. La controversia política y judicial sobre la amnistía y sus límites sigue plenamente abierta.
Así, el Supremo mantiene abiertas las causas más graves del ‘procés’ y deja en manos del Tribunal Constitucional el futuro judicial de los principales líderes políticos catalanes. Esto significa que, por el momento, no hay cambios en la situación legal de Puigdemont y Comín, y que el debate sobre la aplicación de la amnistía a los delitos económicos sigue en el centro de la agenda política y judicial del Estado español. Si la amnistía no sale adelante, la legislatura de Pedro Sánchez podría verse seriamente comprometida, ya que es una línea roja para Junts per Catalunya para mantener su apoyo al Gobierno de coalición.
