La campaña ‘Desarmando Indra’, respaldada por más de cuarenta organizaciones, intervino este 26 de junio en la Junta General de Accionistas de Indra en Alcobendas (Madrid) para denunciar los vínculos de la empresa con el negocio armamentístico y la militarización de fronteras en un contexto de rearme global y genocidio en la Franja de Gaza.
Enrique Quintanilla, portavoz de la campaña, trasladó la denuncia a accionistas y directivos, señalando la responsabilidad directa de Indra en la producción de armamento y su colaboración con empresas israelíes como Israel Aerospace Industries y Elbit Systems, implicadas en el desarrollo de drones y sistemas de artillería utilizados en ataques sobre población palestina, y en contratos como el lanzacohetes SILAM, valorado en 700 millones de euros.
Según datos presentados por la campaña, Indra, participada en un 28% por la SEPI, incrementó su beneficio neto un 35% en 2024, hasta los 278 millones de euros, impulsada por el auge de su negocio militar, que creció un 26% ese año. En el primer trimestre de 2025, la actividad militar aumentó un 18%, con una cartera de pedidos que supera los 8.000 millones de euros. Parte de estos beneficios provienen de contratos y alianzas con empresas israelíes, así como del desarrollo de infraestructuras tecnológicas en contextos de ocupación y apartheid, como el sistema de peaje inteligente en la autopista Ayalon de Yafa/Tel Aviv.
Las organizaciones denuncian las desconexiones anunciadas con el Estado de Israel como parciales y señalan que Indra sigue beneficiándose de la militarización y del negocio de la guerra; a pesar del embargo de armas —supuestamente aprobado por el Gobierno español y redundante desde un punto de vista operativo, ya que el Consejo de Ministros tiene potestad de aplicarlo por decreto—, y de las recientes declaraciones del presidente de Indra, Ángel Escribano, asegurando que la empresa “cumplirá con la legalidad que marque el Ministerio de Defensa” y que “ya no se recurre a Israel para proveerse porque tiene otras alternativas de suministro”. Así, la campaña subraya que la industria armamentística, alimentada por políticas públicas de rearme, perpetúa conflictos y desvía recursos de otras partidas, además de agravar la huella ambiental del sector militar.
Las organizaciones concluyen su intervención exigiendo a Indra el cese inmediato de su participación en la investigación, producción y suministro de armas y tecnologías de control fronterizo, y reclaman a los accionistas y directivos que asuman su responsabilidad ante la complicidad con crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.
