Ayer se cumplió una década desde la entrada en vigor en el Estado español de la Ley Mordaza; es decir, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En los últimos diez años, gracias a esta ley, se han impuesto más de dos millones de sanciones por un valor aproximado de 1.300 millones de euros.
Con motivo del aniversario, el Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS) ha realizado “un balance político de esta ley, que ha supuesto graves recortes en los derechos políticos de la clase trabajadora”. El informe podrá consultarse a partir de la próxima semana en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria: en Zirika Herri Gunea de Bilbo (Bizkaia), Kaxilda de Donostia (Gipuzkoa), Eva Forest Liburutopia de Gasteiz (Araba) y Katakrak de Iruñea (Nafarroa).
