Solo los medios con más de 10 trabajadores tendrán acreditación de prensa en el Congreso de los Diputados
La Mesa del Congreso establece una censura informativa selectiva con el acceso permanente a la Cámara Baja limitado a grandes medios, vetando a medios digitales pequeños y plataformas sin concesión.
La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó a principios de septiembre una norma que regula la concesión de acreditaciones permanentes para medios que cubren las actividades parlamentarias, estableciendo que solo podrán obtenerlas aquellos con al menos diez trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y al corriente de pago de sus cuotas. Canales de YouTube, blogs, páginas web pequeñas, radios o televisiones digitales sin concesión administrativa quedan excluidos del acceso permanente, aunque podrán solicitar "acceso puntual para eventos concretos". La medida, que establece una censura informativa a medida de los oligopolios de la comunicación, fue aprobada con el voto favorable de PSOE y Sumar y la oposición del PP, según la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
El procedimiento para solicitar la acreditación permanente requiere abundante burocracia: que el medio envíe una carta al Congreso de los Diputados con prueba de la plantilla y situación legal, además de acreditar estructura empresarial con CIF, sede social, equipo directivo, redacción y datos de contacto, publicados en el caso de medios digitales. La regulación especifica también limitaciones sobre las actividades que pueden realizar los periodistas acreditados, restringiendo, por ejemplo, la toma de fotos y vídeos dentro de la Cámara Baja a reporteros gráficos y operadores de televisión, permitiendo solo grabaciones de audio para otros profesionales.
Asimismo, se ha creado un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para "decidir sobre la concesión y revocación de acreditaciones", integrado por representantes de grupos parlamentarios, periodistas designados por la APP, y miembros de la Secretaría y comunicación de la Cámara. La APP y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) han expresado su apoyo a esta regulación, resaltando que "busca garantizar un entorno de trabajo respetuoso y evitar prácticas como el acoso o la interrupción de las labores informativas en el Congreso".
La medida llega después de varios episodios de acoso y tensiones verbales entre ultraderechistas de pseudomedios que se hacen pasar por periodistas que cortan ruedas de prensa e intimidan a cargos políticos. Ante esto, algunos partidos han aprovechado para acotar el monopolio informativo sobre la actividad parlamentaria. Por lo tanto, el acceso a los sucesos directos de la cámara baja está ahora en manos de unos pocos.
