Más de 3.000 bomberos y agentes forestales reclaman mejores condiciones y un operativo público permanente
Manifestación en Valladolid denuncia la precariedad, la falta de recursos y exige un pacto estatal para afrontar la gestión de incendios forestales.
Este 24 de septiembre, aproximadamente 3.000 bomberos forestales y agentes medioambientales de todo el Estado español se congregaron en Valladolid (Castilla y León) para exigir mejoras laborales y un operativo público estable que funcione durante todo el año. La protesta, convocada por CCOO, UGT y la Asociación de Trabajadores Forestales y otros colectivos, cortó el centro de la ciudad y concluyó frente a las Cortes de Castilla y León, donde se vivieron momentos de tensión por la presencia policial.
Los participantes denunciaron la precariedad que padecen los trabajadores del sector, la pérdida significativa de empleos en temporada baja y el insuficiente cumplimiento de labores preventivas, lo que agrava la vulnerabilidad del medio rural frente a incendios.
Fuentes sindicales decriben Castilla y León como “uno de los operativos peor implementados” y critican los “parches” que la administración regional ofrece tras años de incumplimientos. Por ello, la movilización exige un pacto de Estado contra los incendios y un modelo de gestión basado en la conservación pública de los montes, rechazando la privatización y el lucro empresarial.
Fotos: @BBFFLuchaCyl (X)
Para ello, se enfatiza la necesidad de estabilidad laboral, horarios mejorados y recursos suficientes para garantizar la prevención y la respuesta efectiva ante colecciones que han costado vidas humanas y destrucción material en los últimos años.
Este invierno, la reducción de plantillas en un 40% limitará aún más la capacidad operativa de los profesionales, lo que pone en evidencia las responsabilidades de las autoridades central y autonómicas ante las demandas del sector para evitar repetir tragedias evitables. Los bomberos y sus representantes alertan que "los incendios forestales matan, la precariedad mata y la falta de inversión mata”, instando a "un compromiso político real y urgente" para proteger el medio rural y a quienes lo defienden y habitan.
