El reparto de la publicidad institucional en el Estado español sigue siendo una práctica opaca y partidista, donde Vocento y su cabecera El Correo destacan como los principales beneficiarios. Según un análisis basado en datos de 2018 a 2024, Vocento ha acumulado casi siete millones de euros en contratos con organismos públicos, situándose como el grupo que más dinero público recibe entre medios tradicionales, especialmente a través de diarios impresos como ABC y El Correo, además de varias cabeceras regionales y suplementos. Este monto representa una parte significativa del dinero que el Gobierno y las administraciones públicas destinan a la publicidad oficial en medios, según revelan El Confidencial y Argia.

A pesar de la caída progresiva de la prensa impresa y el auge de medios digitales, la publicidad institucional no ha adaptado su distribución, favoreciendo aún a los formatos tradicionales, pero sobre todo los principales dueños de las rotativas. Vocento concentró la mayor parte de inversiones públicas, mientras que otros grupos mediáticos como Unidad Editorial y Prisa, dueños de El Mundo y El País respectivamente, recibieron menos fondos públicos en comparación.

Heredero directo del periódico del régimen franquista en Bizkaia

Esta concentración favorece la persistencia del oligopolio mediático en el espectro informativo, consolidado durante el franquismo tras la ilegalización de la mayoría de la prensa, cuando fue refundado bajo el nombre El Correo Español, como órgano oficial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, erigiéndose como diario principal y uno de los tres periódicos permitidos por el régimen.

A partir de su herencia como periódico aventajado del fascismo, El Correo y su grupo Vocento se han consolidado como un auténtico lobby que sigue acaparando fondos públicos: lidera la lista individual de medios impresos con más de 9,2 millones de euros recibidos durante el periodo estudiado, seguido por El Diario Vasco, también del grupo Vocento, con más de seis millones.

Unos pocos que reciben casi todo

En el ámbito audiovisual, Atresmedia y Mediaset permanecen como los principales receptores de publicidad pública con millones de euros destinados a sus cadenas, aunque el consumo televisivo diario se encuentra en horas bajas en comparación con décadas anteriores. Además, gigantes tecnológicos como Meta y Google también figuran entre los primeros receptores institucionales, con altos montos invertidos en sus plataformas como YouTube o Instagram, una auténtica dependencia creciente del sistema publicitario de los gigantes tecnológicos globales.

Este reparto desigual de las subvenciones encubiertas a los medios bajo el paraguas de la publicidad institucional pone de manifiesto la contradicción entre el discurso público del Gobierno español respecto a los medios, donde dice defender la "el pluralismo", y sus hechos concretos, que siguen favoreciendo contenido privativo a costa de dilapidar dinero público para dárselo a poderosísimos grupos mediáticos que tienen asentada su fortuna y su influencia sobre el terror franquista que eliminó cualquier atisbo de libertad de prensa.

La falta de datos detallados sobre cada medio beneficiario y la concentración de los fondos destinados a publicidad institucional en grupos mediáticos mayoritarios como Vocento recuerdan que la publicidad pública sigue siendo una subvención encubierta y una herramienta clave para consolidar la hegemonía mediática de determinados intereses políticos y económicos, lejos de cumplir con los principios de "transparencia, equidad y responsabilidad" que dicen defender.