La Justicia avala llamar "nazi" y "matón" a Dani Esteve, jefe de Desokupa
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona desestima la demanda del empresario y le condena a pagar las costas del proceso contra el periodista Fonsi Loaiza.
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona (Catalunya) ha dictado sentencia a favor del periodista Fonsi Loaiza en la demanda por vulneración del honor interpuesta por Daniel Esteve, fundador y jefe del famoso grupo parapolicial de desalojos Desokupa. La resolución considera que calificar al empresario de “nazi” y “matón” en redes sociales no constituye una intromisión ilegítima en su honor, al enmarcarse dentro del ejercicio de la libertad de expresión y del debate público sobre la actividad de Desokupa.
Según la sentencia, Esteve reclamaba 100.000 euros al periodista por tres tuits publicados en 2023. Sin embargo, el tribunal desestima íntegramente la demanda y le impone las costas del procedimiento, conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no apreciar lesión al honor ni indicios de difamación. El fallo sostiene que los términos empleados por Loaiza “se encuentran amparados por el derecho a la crítica, especialmente en un contexto de interés general vinculado a la actividad de un personaje público”.
Desokupa, empresa conocida por realizar desalojos extrajudiciales y por su discurso hostil hacia personas migrantes y los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, ha sido objeto de numerosas denuncias por coacciones y amenazas. Daniel Esteve, su líder y figura mediática, ha protagonizado en los últimos años enfrentamientos mediáticos con periodistas, activistas y movimientos sociales, que lo han acusado de promover la violencia y la estigmatización del movimiento de vivienda y las clases depauperadas.
La sentencia, que puede ser recurrida, supone un nuevo revés judicial para el empresario, que ha iniciado varios procedimientos similares contra varios periodistas, militantes y figuras públicas. El fallo judicial refuerza una garantía mínima y sienta jurisprudencia para la protección de la libertad de expresión en el marco del debate público sobre la extrema derecha y los grupos parapoliciales inmobiliarios, al considerar que la crítica y el señalamiento político no pueden ser censurados por vías judiciales.
