El Ayuntamiento de Algeciras cierra hostales que acogen a personas migrantes africanas
El gobierno del PP clausura alojamientos mientras "vecinos preocupados" alertan del "problema de imagen" que supone ver personas negras en los bancos del paseo.
El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz, Andalucía), gobernado por el PP, ha ordenado el cierre de hostales que alojan a personas africanas, en lo que los propietarios denuncian como una campaña de racismo institucional. "No quieren ver a negros en sus calles", afirma Javier Villa, socio del Hostal Don Manuel, uno de los establecimientos clausurados en el barrio de La Caridad.
El consistorio presidido por José Ignacio Landaluce acusa a los hostales de "funcionar como centros asistenciales encubiertos sin cumplir condiciones sanitarias". Sin embargo, según recoge elDiario.es, los afectados recibieron tan solo una comunicación verbal de cierre sin notificación oficial, lo que Villa califica como "intimidación pura y dura" y atribuye directamente al rechazo de la presencia de personas negras en la zona céntrica de la ciudad.
"Vecinos preocupados"
La asociación de vecinos, bajo la típica coartada de "vecinos preocupados", apoya las clausuras señaladas por su sesgo racista, con argumentos como que "a nivel de imagen, puede no resultar positivo ver a grandes grupos de personas migrantes" en el paseo Río de la Miel. Hisóricamente, Algeciras ha sido una ciudad portuaria históricamente diversa donde ahora mismo conviven en estos hostales "africanos, latinos, ucranianos y españoles", según defiende el hostelero.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alerta de que el cierre dejará en la calle a 70 personas, incluyendo menores y mujeres embarazadas. Una vez estas personas son expulsadas a la calle, es habitual que los "vecinos preocupados" vuelvan a la carga, aludiendo a "problemas de seguridad".
José Carlos Budía, coordinador de CEAR en Andalucía, lamenta que el ayuntamiento no haya dialogado con la organización para resolver las irregularidades que ni siquiera se ha molestado en probar, optando por la vía de la clausura inmediata.
El caso evidencia cómo las políticas municipales utilizan instrumentos urbanísticos para implementar una segregación racial encubierta, priorizando una "imagen" blanca del barrio sobre el derecho al alojamiento y la dignidad de las personas migrantes, que se encuentran sometidos a una eterna sospecha. En este caso, proporcionar condiciones mínimas de vida se convierte en objeto de criminalización para excluir a la población negra de los espacios públicos visibles.
