La comunidad universitaria madrileña prepara una escalada de movilizaciones que incluiría huelga indefinida y recursos legales contra la ley de universidades que promueve el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según ha anunciado Luis Alix, profesor de la UAM y miembro de UAM x la Pública ante la Cadena Ser, el movimiento universitario no descarta "una huelga indefinida" y se plantea "impugnar la ley ante las instancias pertinentes" por contener esta aspectos "de dudosa legalidad".

El anuncio llega el mismo día del éxito rotundo de la huelga de dos días que ha dejado desiertos los campus de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, con bibliotecas cerradas y seguimiento masivo del paro académico, empañado por la actuación del rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, que intentó bloquear a los piquetes.

Sin embargo, las trabas a la actividad político-sindical no lograron frenar la movilización: la manifestación posterior reunió a miles de personas en una de las mayores movilizaciones universitarias de los últimos años, con fuerte carácter intergeneracional y unidad entre estudiantes, profesores, personal de administración y demás trabajadores.

Los representantes universitarios destacan que la infrafinanciación crónica tiene consecuencias concretas: en la UAM solo se repuso el 53% de los profesores titulares jubilados el año pasado, lo que ha multiplicado la carga de trabajo del resto. Alix relata situaciones de precariedad extrema: "En mi despacho la Navidad pasada no había calefacción" y denuncia retrasos de "año y medio o casi dos" para que los investigadores cobren gastos adelantados.

La batalla se trasladará ahora a la Asamblea de Madrid, donde el 4 de diciembre se debatirá la polémica ley universitaria que mantiene en vilo a la clase trabajadora en la universidad pública madrileña. Las plataformas convocantes ya han anunciado una movilización frente al parlamento autonómico para ese día, mientras desde los rectorados se filtran posibles cambios del Gobierno regional ante la contundencia de la respuesta universitaria.

El conflicto evidencia el desgaste político del modelo de gestión educativa de Ayuso, al que acusan de buscar la privatización encubierta mediante subfinanciación sistemática deliberada. La unidad mostrada por los diferentes sectores de la clase trabajadora en la universidad pública madrileña supone un desafío inédito para las políticas de recortes que, lejos de amainar, se intensifican mediante una ley que amplios sectores críticos consideran ilegítima, ilegal y empobrecedora.

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