Audios exponen al CEO de Ribera ordenando alargar listas de espera para maximizar beneficios
Audios internos muestran a Pablo Gallart ordenando derivar a pacientes "no contributivos" y alargar listas. El grupo Ribera Salud facturó 808 millones de euros en 2023, un 37,7% más que en 2022.
En el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, un centro público que atiende a más de 150.000 residentes del Corredor del Henares y a pacientes de toda la Comunidad de Madrid, la gestión privada del grupo Ribera Salud ha generado un escándalo al develarse unos audios de su CEO. El grupo, responsable de la gestión del centro desde 2011 bajo el controvertido modelo Alzira, ha sido acusado de priorizar el beneficio económico sobre la atención al paciente.
Grabaciones de una reunión interna del 25 de septiembre de 2024, reveladas recientemente por El País, muestran al CEO Pablo Gallart instando a sus directivos a "desandar el camino" de las reducciones de listas de espera logradas en 2022 y 2023, con el objetivo explícito de elevar el EBITDA (beneficio previo a intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en cuatro o cinco millones de euros anuales. Esta directriz implica reducir intervenciones quirúrgicas y derivar procesos considerados "no contributivos", lo que podría traducirse en demoras mayores para miles de usuarios en un hospital donde las listas ya superan los 3.800 pacientes con una media de 48 días de espera.
Audios publicados por El País @el_pais (X)
La reunión de septiembre, a la que asistieron una veintena de mandos, no se limitó a las listas quirúrgicas. Gallart urgió a identificar "procesos no rentables" en la población "cápita" (la asignada geográficamente) y en la "no cápita" (pacientes de otras zonas que eligen el centro). Documentos internos citados por la investigación indican órdenes específicas para rechazar tratamientos como la diálisis peritoneal en no residentes, por su bajo beneficio. Fuentes del hospital confirman que, en sesiones posteriores, se analizaron intervenciones para derivarlas a otros centros madrileños, una práctica que, aunque no viola explícitamente el contrato de concesión, choca con el mandato de prestar todos los servicios como cualquier hospital público. Esta selectividad, justificada por Gallart como ajuste de "capacidad de gestión", ha sido calificada por expertos en ética médica como un riesgo para la deontología profesional, al tratar a los pacientes como variables contables.
Ribera Salud y su controvertido 'modelo Alzira'
El modelo Alzira, inventado por Ribera a finales de los noventa en València e importado a Madrid por el gobierno de Esperanza Aguirre, promete eficiencia mediante un pago per cápita fijo por población asignada, independientemente de la actividad real. En teoría, incentiva la "contención de costes" sin comprometer la calidad. Sin embargo, los audios de Gallart ilustran lo contrario: "La elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa", afirma el directivo, explicando que menos actividad implica menos gastos en personal y recursos, directamente proporcional a mayores márgenes.
El contexto financiero de Ribera agrava las dudas sobre su enfoque. El hospital arrastra una deuda de 124 millones de euros desde su apertura, reestructurada en 2024 con el aval judicial pese a oposición bancaria. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, inyectó 32,7 millones adicionales en julio de 2025 para "cubrir incrementos en fármacos innovadores" y otros gastos imprevistos, sumados a 88 millones desde 2019. Gallart alega que estos fondos son insuficientes para amortizaciones y financieros. No obstante, la facturación del grupo Ribera creció un 37,7% en 2023 hasta 808 millones, impulsada por su red de 16 hospitales y 74 centros. En Madrid, otros tres centros similares gestionados por Quirón enfrentan críticas similares.
La respuesta oficial ha sido tibia y defensiva. Ribera, a través de su nuevo director gerente Santiago Orio, califica los audios como "privados" y sacados de contexto, insistiendo en su compromiso con la "máxima calidad" avalada por auditorías independientes y la Consejería de Sanidad. La administración regional niega conocimiento de estas directrices y promete actuar de inmediato "si se confirman". Sin embargo, la opacidad de las reuniones internas y la ausencia de sanciones inmediatas cuestionan la efectividad de la supervisión. Este episodio no es aislado; de hecho, en comunidades gobernadas por el PP, como Galiza y el País Valencià, concesionarios han sido señalados por realizar las mismas prácticas.
