Interinos protestan frente al Congreso por la temporalidad de casi un millón de trabajadores públicos
800.000 en fraude de ley y 92.200 cesados, supone 33.000 millones en multas europeas, el 2,5% del PIB. Europa ha bloqueado 10.000 millones de los fondos NextGen por incumplir el Acuerdo Marco.
Decenas de trabajadores interinos y en situación de abuso de temporalidad se han concentrado este martes, 9 de diciembre, frente al Congreso de los Diputados en Madrid para exigir su conversión inmediata a personal fijo, respaldados por la legislación europea y cuatro sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que califican esta práctica como "abusiva" y "ordinaria" en la gestión pública española. La movilización, convocada por la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp), ha reunido a cientos de participantes que han coreado consignas como "fijeza ya" y "basta de fraude de la Administración".
Estos colectivos destacan que la temporalidad en el sector público alcanza el 32,24%, afectando a 979.409 empleados, muchos de los cuales acumulan más de 30 años en plazas estructurales no cubiertas por funcionarios de oposición, en clara vulneración del Acuerdo Marco europeo sobre empleo de duración determinada.
Temporalidad ad eternum
Aunque el Gobierno afirma que la tasa de temporalidad desciende, las asociaciones lo tildan de "treta" al priorizar procesos de estabilización mediante concursos-oposición que excluyen a los trabajadores experimentados, estabilizando plazas en lugar de personas, en contra de lo dictado por el TJUE en fallos como los de febrero de 2024 y junio de 2024. En el primer semestre de 2025, 92.200 interinos perdieron su empleo en "despidos a coste cero" para la Administración, una maniobra que podría acarrear multas europeas de hasta 3.000 millones de euros, calculadas sobre una compensación media de 33.000 euros por afectado, según estimaciones de Aicafp.
El perfil de los damnificados agrava la crítica: el 70% son mujeres mayores de 50 años en riesgo real de exclusión laboral, y más de 800.000 casos se consideran fraude de ley, cuadruplicando el límite legal del 8% impuesto por la UE. Esta inacción ha saturado los tribunales con 65.000 demandas. El no haber cumplido los "compromisos" en el Plan de Recuperación, ha motivado dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea en 2024.
Una factura del 2,5% del PIB
La deuda del Estado para con los interinos es enorme: si se aplicaran las indemnizaciones ordenadas por el TJUE, equivalentes a despidos improcedentes, con 20 o 30 días por año trabajado, el Estado enfrentaría una factura del 2,5% del PIB, unos 33.000 millones de euros, que podría disparar el déficit y forzar emisión de deuda de emergencia con intereses elevados.
Las comunidades autónomas, responsables del 62,66% del empleo público, absorberían el grueso: Andalucía calcula 3.900 millones por su alta interinidad en sanidad y educación; Catalunya, 3.050 millones en una estructura descentralizada; y Madrid, 2.750 millones en el sector sanitario, con litigiosidad récord. Expertos advierten de multas coercitivas diarias de 100.000 euros bajo el artículo 260 del TJUE, una "herencia" para generaciones futuras que Bruselas podría imponer tras 23 años de incumplimiento sistemático, como señaló el Abogado General de la UE en sus conclusiones de octubre de 2025.
Fondos europeos bloqueados
Esta crisis de temporalidad agrava la sangrante deuda pública española, un lastre que ha forzado al Gobierno a rechazar recientemente 10.000 millones en ayudas europeas del NextGenerationEU condicionadas a estabilizar el empleo público y cumplir el Acuerdo Marco de 1999. Bruselas, harta de los incumplimientos tras dos infracciones abiertas en 2024, ha bloqueado estos fondos vitales para la transición ecológica y digital, argumentando que el Estado español prioriza procesos de estabilización ineficaces sobre la fijeza real de interinos, lo que no solo dispara el déficit por encima del 3% exigido sino que expone al país a multas coercitivas diarias y un aislamiento financiero en la UE.
