Berlín permitirá a la Policía entrar en casas para instalar en secreto programas espía en los dispositivos de "sospechosos"
La reforma también amplía el uso de cámaras corporales, habilita el escaneo automático de matrículas, y permite el reconocimiento biométrico facial y de voz utilizando información de redes sociales.
Berliner Zeitung informa de que el Parlamento de Berlín ha aprobado una distópica reforma de la Ley General de Seguridad y Orden (ASOG) que autoriza a la Policía a entrar secretamente en viviendas de "sospechosos" para instalar troyanos espía estatales (Staatstrojaner) en dispositivos como teléfonos móviles u ordenadores, "cuando la instalación remota resulte imposible". La medida, impulsada por la coalición de CDU y SPD con el apoyo decisivo de la fascista AfD, se recoge en los nuevos párrafos 26a y 26b, que regulan la vigilancia de comunicaciones en origen y la búsqueda en línea encubierta.
Aunque los defensores, como la senadora de Interior Iris Spranger (SPD), la justifican como una "actualización necesaria para combatir el terrorismo en la era digital", críticos la ven como un allanamiento legalizado que socava el núcleo de la privacidad domiciliaria, principio inviolable según la propia Constitución alemana (Grundgesetz, artículo 13).
Berlín, ciudad-estado policial
La reforma no se limita a estas intrusiones físicas: amplía el uso de cámaras corporales en espacios privados bajo "sospecha de peligro inminente", extiende las consultas a celdas de telefonía (áreas geográficas en las que se divide el territorio para proporcionar cobertura en las redes de telefonía móvil) sin conocimiento de los afectados, habilita el escaneo automático de matrículas y permite el reconocimiento biométrico facial y de voz basado en datos accesibles públicamente en internet (como redes sociales y plataformas de fotos) para búsquedas automatizadas, así como el entrenamiento de inteligencia artificial con datos reales de investigaciones policiales.
Esta batería de herramientas, que incluye incluso la creación de bases de datos gigantes para análisis predictivos, ha sido calificada por la Comisionada de Protección de Datos de Berlín, Meike Kamp, como un "ataque frontal a la ciberseguridad de todos los ciudadanos" y un "nivel de vigilancia constitucionalmente dudoso".
La aprobación de la medida, ocurrida el 4 de diciembre con más de 700 páginas de reformas, ignora en gran medida las advertencias de un amplio espectro de actores. La oposición, con Verdes (Grüne) e Izquierda (Die Linke) a la cabeza, denunció un "día negro para los derechos civiles". Asimismo, en una carta abierta de octubre, firmada por la Asociación Republicana de Abogados (RAV), el Comité por los Derechos Fundamentales (Komitee für Grundrechte) y la Unión Humanista (Humanistische Union), exigió detener el proceso por su potencial discriminatorio, especialmente en el uso de datos públicos para búsquedas biométricas, y por facilitar una "policía predictiva" que estigmatiza grupos marginales como personas sin hogar o migrantes.
