La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza denuncia una ofensiva judicial con tres causas abiertas que pretenden desarticular el colectivo. El primer caso derivó en dos condenas de 600 euros por daños leves en una sucursal de CaixaBank, pese a que tales pintadas suelen resolverse por vía administrativa. La Fiscalía reabrió el procedimiento para imponer antecedentes y multas iniciales de 10.000 euros.

El segundo proceso implica a 19 activistas acusados de coacciones y desórdenes por intentar evitar durante seis meses el desalojo de un compañero. La Fiscalía reclama 45.000 euros en multas colectivas y penas de hasta tres años de prisión, cifras desproporcionadas para acciones de solidaridad. El tercer frente, aún sin detalles completos, apunta a delitos como atentado y lesiones con solicitudes de cárcel que la PAH califica de intimidación.

El tercer proceso judicial, aún en fase inicial, apunta a delitos graves como desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones, con sospechas de peticiones de prisión que la PAH considera excesivas e intimidatorias. Aunque no se han detallado imputados ni fechas concretas, se enmarca en la misma estrategia represiva contra acciones directas, sumándose a los 57 años de cárcel initially pedidos en el segundo caso y multas totales superiores a 45.000 euros.​ La PAH ha iniciado una colecta con la que busca fondos para pagar las multas y la defensa legal de los activistas.