El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentra frente al Parlamento Vasco contra la nueva Ley de Vivienda
Denuncia que la nueva ley impulsada por PNV y PSE profundiza la mercantilización del derecho a la vivienda y favorece a las constructoras.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentró el 11 de diciembre frente al Parlamento Vasco, mientras se aprobaba la nueva Ley de Vivienda impulsada por PNV y PSE. La protesta, convocada en Gasteiz (Araba), denunció que la norma “relanza un nuevo ciclo constructor y rentista” y no da respuesta a los problemas estructurales del acceso a la vivienda. Bajo consignas como “No a la ley de vivienda. Las constructoras dictan, PNV y PSE legislan”, los manifestantes criticaron la complicidad entre política y negocio inmobiliario.
En su comunicado, el Sindicato considera que la ley parte de una “premisa falsa”: que el problema es la falta de rentabilidad del mercado. Según esta lectura, las instituciones buscarían “garantizar seguridad y beneficios al capital constructor e inmobiliario”, en lugar de garantizar el derecho a una vivienda digna. La organización sostiene que el texto “trasladará riqueza de la clase trabajadora hacia los grandes propietarios”, recordando que la rentabilidad inmobiliaria ronda el 15%, muy por encima de la media del resto de sectores económicos.
El sindicato subraya tres consecuencias directas de la aprobación. Por un lado, un trasvase de recursos públicos hacia sectores acomodados, en detrimento de ayudas sociales; citan el cierre de albergues y los recortes en la RGI. En segundo lugar, alertan de una “desregulación urbanística y medioambiental” que flexibiliza criterios de habitabilidad y permitirá construir incluso en bajos comerciales. Finalmente, critican la introducción del concepto “vivienda asequible”, que “carece de contenido real” y servirá para bonificar a promotores privados incluso en viviendas de alto coste.
Para el Sindicato Socialista de Vivienda, el problema de fondo radica en la entrega de la política de vivienda al mercado. “Financiar el negocio de la vivienda no resolverá la emergencia habitacional”, advierten, llamando a “expulsar a las constructoras e inmobiliarias de la toma de decisiones públicas”. Su propuesta pasa por un mayor control obrero sobre la producción y gestión del parque habitacional.
