La Secretaría General de Consumo ha confirmado una sanción de 3.600.902 euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por siete infracciones a la normativa de protección de consumidores, seis de ellas muy graves y una grave. La resolución, comunicada este 12 de diciembre a Facua como parte personada, rechaza las trece alegaciones presentadas por la empresa tras la propuesta inicial de octubre, en un procedimiento iniciado en marzo de 2025 a raíz de denuncias por cobros indebidos a inquilinos.

Las irregularidades detectadas incluyen la imposición de un servicio de atención al arrendatario que encubre el traslado de gastos que legalmente corresponden al propietario, la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia, la limitación irregular del derecho de desistimiento y el cargarle al inquilino todos los costes de reclamaciones judiciales o extrajudiciales. Estas prácticas, mantenidas durante años, vulneran la Ley de Vivienda de 2023 que prohíbe explícitamente cobrar honorarios o gastos de gestión a los arrendatarios, y aprovechan la posición dominante de la compañía, que gestiona más de 76.000 contratos y 97.000 inquilinos. La empresa ha calificado la sanción de "desproporcionada" y ha anunciado recurso, lo que retrasará la aplicación de la sanción.

Facua, que denunció en noviembre de 2023 junto al Sindicato de Inquilinas y la OCU, celebra la decisión como un precedente disuasorio, aunque critica que estas conductas se hayan prolongado tanto tiempo pese a sentencias judiciales previas que condenaron a la inmobiliaria a devolver cobros similares. La resolución obliga además a eliminar las cláusulas abusivas de los contratos. Asociaciones denuncian que no son casos aislados, sino generalizados en el sector, donde la "ley de la selva" ha primado durante años, y lo seguirá haciendo a pesar de la Ley de Vivienda de 2023, como demuestra este caso.