Condenados 16 militares en Ecuador por el secuestro y asesinato de cuatro menores
El juez del caso de "Los 4 de Guayaquil" denuncia un "pacto de silencio" en el operativo represivo ordenado por Noboa.
En un fallo histórico que pone al descubierto la brutalidad de la represión estatal en Ecuador, un tribunal penal ha condenado este lunes a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil, conocidos como "Los 4 de Guayaquil". Los niños, Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11), salieron a jugar a fútbol el 8 de diciembre de 2024 y nunca regresaron, en medio de un operativo nocturno "contra el crimen organizado" impulsado por el gobierno ultraderechista de Daniel Noboa.
Once militares de la Fuerza Aérea han sido sentenciados a más de 34 años de prisión como autores directos del delito de desaparición forzada. Otros cinco, que colaboraron con la justicia mediante delación premiada, recibieron 30 meses de detención por su "aporte al esclarecimiento de los hechos". Un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto. El juez destacó el "ocultamiento doloso de información" y un claro "pacto de silencio" entre los militares para encubrir la detención ilegal.
Según la reconstrucción judicial, los menores fueron retenidos durante un patrullaje de la patrulla Tango Charlie, golpeados, obligados a desnudarse y abandonados en Taura, una zona rural desolada a 30 km de Guayaquil, cerca de una base aérea. "La muerte de los menores fue producto de la situación de abandono en un lugar peligroso y desolado", sentenció el magistrado, aunque las autopsias revelaron impactos de bala en al menos tres víctimas. Sus cuerpos calcinados y torturados aparecieron el 24 de diciembre de 2024.
Más allá de las penas privativas de libertad, los condenados deberán pagar una multa de 376.000 dólares, indemnizar con 10.000 dólares a cada familia, ofrecer disculpas públicas en medios nacionales y realizar una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura. Los abogados defensores ya anuncian apelación, alegando "falta de pruebas contundentes y que los menores fueron dejados con vida".
