Después de tres años de conflicto abierto contra la propiedad y la represión institucional, el Sindicat d'Habitatge de València (SHV) ha conseguido once contratos de alquiler social para familias trabajadoras que vivían en viviendas propiedad de la Sareb en Rocafort (Horta Nord). El Sindicat califica el acuerdo como “un hecho sin precedentes” y lo presenta como una victoria directa de la lucha organizada contra el negocio inmobiliario.

En 2022, varias familias trabajadoras, muchas de ellas migrantes y con menores a su cargo, accedieron a pisos abandonados de la Sareb, empresa con participación del Estado encargada de gestionar los activos del rescate bancario tras la crisis inmobiliaria. Según el SHV, se trataba de familias expulsadas del mercado del alquiler por la combinación de precariedad laboral, racismo inmobiliario y precios inasumibles.

Lejos de ofrecer una solución habitacional, la respuesta de la Sareb y de las instituciones, según denuncia el sindicato, fue una escalada represiva: presencia policial constante, cortes de suministros básicos, trabas administrativas para acceder a derechos fundamentales y varios intentos de desalojo marcados por graves irregularidades.

En enero de 2025, cinco de las familias fueron desalojadas por la Policía Nacional española, pero la Fiscalía ordenó su restitución tras una denuncia del SHV que evidenció vulneraciones del procedimiento legal. “La lucha sindical permitió frenar los desalojos, forzar negociaciones y conseguir los primeros alquileres sociales, así como la devolución de las viviendas desalojadas”, señala el sindicato en un comunicado..

SHV subraya que ninguno de estos avances ha sido fruto de la voluntad de la propiedad ni de la mediación institucional, sino del conflicto sostenido y la organización de la clase trabajadora. No obstante, el SHV advierte que continuará luchando hasta poner fin al negocio de la vivienda.