“Me he metido en esto para vivir bien”: cae por narcotráfico un guardia civil de Intxaurrondo
El sargento José Romero Béjar, implicado en los GAL, acepta dos años de cárcel por tráfico de hachís y admite pasar información de patrullas a narcos.
“Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien.” Así resumió el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar, alias el Moro, el motivo de su actividad delictiva. El veterano agente, formado en los años más duros del cuartel de Intxaurrondo, acabó aceptando en 2025 una condena de dos años de prisión por facilitar a narcotraficantes información clave sobre los movimientos de las patrullas en el Estrecho de Gibraltar.
Romero Béjar, nacido en Ceuta en 1959, ingresó en la Guardia Civil con apenas veinte años. En los ochenta fue destinado al cuartel de Intxaurrondo, conocido por brutales torturas y violaciones, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo, figura central de la guerra sucia contra ETA y condenado luego por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Romero incluso declaró en el sumario de los GAL ante el juez Baltasar Garzón, aunque no fue imputado.
Su último destino, en 2015, parecía un 'retiro dorado' en Tarifa. Pero apenas un mes después, una operación antidroga reveló filtraciones internas. Las investigaciones, bajo el nombre Operación Jinete, destaparon que el propio sargento proporcionaba rutas y horarios de patrulla a grupos de narcos para que pudieran alijar toneladas de hachís sin ser interceptados.
Varios informes ya en los años 80 advertían de vínculos entre agentes y mafias de contrabando. Los informes internos describen a un mando obsesionado con controlar los movimientos de sus subordinados “incluso estando de vacaciones”, lo que le permitía vender la información a las redes de narcos.
Asuntos Internos descubrió además un tren de vida desmesurado: comidas en restaurantes de lujo, viajes, safaris, caballos y motos de alta cilindrada. En una conversación grabada por orden judicial, Romero admitía gastos anuales de hasta 70.000 euros: “Para eso me he metido en este lío”, llegó a decir.
Detenido en noviembre de 2016 junto con varios cómplices, Romero vio cómo su caso se disolvía entre la lentitud judicial y los pactos de conformidad. En abril de 2025, aceptó los hechos: un delito contra la salud pública por facilitar el tráfico de hachís en cantidad notoria, con una multa de 3,3 millones pero sin ingreso en prisión.
