El Gobierno español ha saludado la reciente liberación de un grupo de reclusos en Venezuela, entre ellos varios ciudadanos de nacionalidad española, presentada por Caracas como un gesto unilateral de distensión tras el ataque imperialista al país caribeño. El presidente español, Pedro Sánchez, calificó la excarcelación de “acto de justicia” y de “paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”, en un mensaje difundido en la red X en el que subrayó que algunos de los liberados llevaban más de un año retenidos. 

El tono celebratorio del Ejecutivo contrasta, sin embargo, con las denuncias que persisten dentro del Estado español en torno a la existencia de presos políticos. Casos como el del rapero Pablo Hasél, encarcelado por delitos de "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona" y que en febrero cumplirá cinco años, siguen siendo citados por estos colectivos como ejemplo paradigmático de la utilización del Código Penal para castigar el discurso crítico.

A esa lista se añaden las denominadas “6 de la Suiza”, trabajadoras y militantes sindicales condenadas tras un conflicto laboral, junto a dos de los “6 de Zaragoza”, o los más de 120 presos políticos vascos, entre otros. Todos ellos siguen en prisión, ya sea internados o cumpliendo el tercer grado, es decir, teniendo que dormir todos los días entre rejas.

Desde estos espacios se reprocha al "Gobierno más progresista de la historia" que celebre con énfasis la liberación de presos en terceros países mientras, por ejemplo, sigue sin derogar la Ley Mordaza. Plataformas de apoyo han aprovechado el anuncio procedente de Caracas para reclamar “el mismo gesto” hacia los presos políticos en el Estado español.