El gobierno francés anuncia una "ley de emergencia agrícola"
La iniciativa, que prioriza la "simplificación" y abarca agua, depredación y producción, es vista como una concesión a los grandes sindicatos agrícolas en mitad de las protestas.
El gobierno francés ha anunciado la preparación de una nueva "ley de emergencia agrícola", cuyo proyecto se presentará en marzo, con el objetivo declarado de "quitar lastre" a los agricultores. Según recoge Le Monde, esta ley se centrará en tres ejes principales: gestión del agua, control de la depredación (especialmente del lobo) y "medios de producción", una categoría amplia que podría incluir la espinosa cuestión de los pesticidas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha confirmado medidas como moratorias en decisiones sobre el agua, el impulso de proyectos hidráulicos y la intención de revisar la directiva europea sobre nitratos, aprovechando al máximo las derogaciones.
Este anuncio coincide en el tiempo con las movilizaciones permanentes del sector, que se han intensificado tras la aprobación europea del tratado de libre comercio con el Mercosur. Aunque las protestas recientes se centraban en la sanidad animal y la competencia desleal, la respuesta del Elíseo apunta directamente a las normas medioambientales, recogiendo demandas históricas del principal sindicato, la FNSEA. "El ministerio de agricultura asume una voluntad de quitar lastre a los agricultores", señala el diario.
Aunque los detalles concretos de la ley aún son vagos, las líneas maestras han levantado preocupación entre ecologistas. En el ámbito del agua, el Gobierno planea reforzar la representación agrícola en las comisiones locales, un espacio donde, según un informe de Greenpeace citado por Le Monde, ya existe una fuerte "influencia de la agroindustria". Jérémie Godet, vicepresidente ecologista de la región Centro-Valle del Loira, advierte: "Si hubiera que revisar la composición de las comisiones locales de agua, habría que poner sobre todo más ciudadanos".
La ley también abordará la "depredación", con medidas para "facilitar los controles de población de lobos", y dejará en suspenso decisiones importantes como la definición de captaciones de agua "sensibles". Para las asociaciones medioambientales y colectivos como Nourrir, estas medidas evitan el debate de fondo y retrotraen la confrontación. "Estos nuevas anuncios reproducen las condiciones del clivaje para los años venideros", afirma Mathieu Courgeau, copresidente del colectivo. Por su parte, la Fundación por la Naturaleza y el Hombre lamenta que, "en lugar de reformar el modelo económico para asegurar precios dignos, se aligeran las restricciones".
El Gobierno justifica la ley como "una respuesta urgente" a la crisis del sector, pero sus críticos la perciben como una cesión política que prioriza la desregulación ambiental y la justicia social en el campo.
