La organización policial Jupol, conocido por su afinidad con Vox, ha presentado una acusación privada solicitando 18 años de prisión para cada uno de los tres agricultores detenidos por los incidentes ocurridos el 1 de marzo de 2024 durante una protesta agraria ante las Cortes de Aragón en Zaragoza. Según informa Heraldo de Aragón, el abogado del lobby policial, Marco Antonio Navarro, alega en su escrito que los acusados son presuntos responsables de "14 delitos de lesiones" —"13 leves y uno grave"—, así como de "atentado", "desorden público" y "delitos contra las instituciones". Además de las penas de cárcel, reclama para cada uno 11.700 euros en multas y una serie de indemnizaciones que suman 16.007 euros en total.

Los hechos se remontan a una de las tractoradas que se sucedieron hace dos años para exigir soluciones a la crisis del campo. Aquel día, los manifestantes lograron superar la vigilancia policial y llegar hasta la sede de las Cortes de Aragón, donde un tractor irrumpió en el puente de acceso al palacio, rompiendo el cordón policial establecido. Según la acusación presentada en el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, "la masa de manifestantes adoptó una actitud abiertamente hostil hacia los funcionarios de policía", produciéndose empujones y forcejeos en los que varios agentes cayeron a un foso de cinco metros.

A los hechos les ha seguido un proceso judicial con vaivenes. En mayo de 2024, la jueza decretó el archivo provisional de la causa por considerar que las lesiones de los policías revestían "escasa entidad". Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza ordenó reabrir el caso atendiendo al recurso presentado por el abogado de Jupol. Los tres agricultores encausados, junto a un cuarto que falleció posteriormente, fueron identificados por los agentes. En la acusación se les considera "participantes activos" en los disturbios, señalando a uno de ellos como "uno de los capataces de la ruptura de la línea de contención" de la Policía.

Los acusados han negado los cargos en su declaración ante la jueza, pero tendrán que enfrentar una petición de 18 años de cárcel por una protesta en la que la mayoría de lesiones fueron leves, en un nuevo episodio de criminalización de la protesta social donde la acusación particular es utilizada por los lobbys policiales para presionar al sistema judicial. En este caso, se añade la particularidad de que el lobby policial en cuestión es cercano Vox, un partido que dice "defender a los agricultores".