La Comisión Europea presentó este martes la nueva Ley de Ciberseguridad de la Unión Europea, una norma que sienta las bases legales para prohibir la participación de las empresas chinas Huawei y ZTE en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras estratégicas dentro de la UE. El Ejecutivo comunitario considera desde 2019 que ambas compañías suponen "un riesgo para la seguridad" y, ante la negativa de algunos Estados a imponer restricciones voluntarias, plantea ahora una prohibición de carácter obligatorio.

“Las amenazas de ciberseguridad no son simples retos técnicos, se trata de riesgos estratégicos para nuestra democracia, economía y estilo de vida”, afirmaba la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, durante la presentación del proyecto. Virkkunen defendió que el paquete legislativo es “un paso importante para asegurar la soberanía tecnológica europea y garantizar una seguridad mayor para todos”, y señaló que “permitirá proteger mejor las cadenas de suministro de las infraestructuras tecnológicas críticas y también combatir de manera decisiva los ciberataques”.

La ley prevé además que se eliminen obligatoriamente los riesgos en las redes europeas de telecomunicaciones móviles asociados a proveedores de terceros países considerados de "alto riesgo", apoyándose en el trabajo previo desarrollado en el marco de la "seguridad" del 5G. Una vez adoptada la regulación y establecida una lista negra de empresas vetadas, los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para cancelar los contratos firmados con esos proveedores en infraestructuras críticas. El borrador de texto deberá ser negociado con los Veintisiete y el Parlamento Europeo.

Bruselas ya había señalado en sus directrices de 2023 a Huawei y ZTE como compañías que “presentan riesgos sustanciales más altos” que otros competidores del sector, y respaldó entonces las decisiones de varios países de la UE de restringirlas o excluirlas. Más recientemente, Virkkunen advirtió del “riesgo de injerencia extranjera” que suponía el contrato del Ministerio del Interior español con Huawei para el sistema de escuchas judiciales SITEL, al generar “potencialmente una dependencia” con un proveedor calificado por la UE como “de alto riesgo” en un ámbito crítico.