La Fiscalía archiva el caso contra Julio Iglesias sin analizar las denuncias por agresión sexual
La Audiencia Nacional se declara "no competente" al considerar que los hechos ocurrieron fuera del Estado español y que "no existen vínculos suficientes con el país".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha archivado la investigación abierta contra Julio Iglesias tras las denuncias presentadas por dos exempleadas que le acusan de agresión sexual y trata de seres humanos. El Ministerio Público ha decidido no presentar querella y cerrar las diligencias contra el famoso cantante al considerar que la Justicia española "no es competente para investigar el caso", ya que los hechos denunciados "ocurrieron fuera de España" y "no existen los vínculos legales necesarios para que los tribunales españoles puedan intervenir".
La resolución no entra a valorar el fondo de las acusaciones ni analiza la veracidad de los testimonios. La Fiscalía argumenta que los hechos denunciados se produjeron exclusivamente en República Dominicana y Bahamas, y que "ni las denunciantes ni el propio cantante mantienen una relación jurídica suficiente con España que permita activar la jurisdicción penal española". Según el decreto, "corresponde a las autoridades de esos países investigar los hechos".
Las denuncias se apoyan en los testimonios de dos mujeres que trabajaron para el artista en 2021 y que relatan haber vivido situaciones de control, intimidación y agresiones sexuales mientras hacían su trabajo en varias de sus propiedades. Estos relatos forman parte de una investigación periodística realizada por elDiario.es en colaboración con Univision, en la que se documenta un patrón de relaciones laborales marcadas por la dependencia extrema y la ausencia de derechos básicos.
Tras tomar declaración a las denunciantes como testigos protegidos, la Fiscalía concluye que "ninguna de ellas es española ni viajó a España con el denunciado", y que Julio Iglesias "no reside en territorio español ni tiene aquí su centro de vida o actividad principal, más allá de la posesión de algunas propiedades". Por ello, sostiene que "no existe el llamado vínculo personal o territorial" exigido por la ley para que los tribunales españoles puedan asumir la investigación.
El Ministerio Público también se apoya en la interpretación restrictiva que el Tribunal Supremo hace de la jurisdicción internacional de los tribunales españoles y en la reforma de 2014 de la jurisdicción universal, que limita la intervención del Estado español a "supuestos excepcionales" en los que los países directamente competentes "no pueden o no quieren investigar"; sin embargo, esta misma semana la propia Audiencia Nacional acaba de archivar de nuevo el caso Pegasus, aludiendo a que "Israel no quiere colaborar". En el caso de Julio Iglesias, la Fiscalía afirma que "no consta que República Dominicana ni Bahamas hayan renunciado a ejercer su jurisdicción ni se encuentren imposibilitados para hacerlo".
Las organizaciones que asesoran a las denunciantes, entre ellas Women’s Link Worldwide, han criticado la decisión y han anunciado nuevas acciones legales. Consideran que la Fiscalía no ha valorado los hechos denunciados y que el archivo responde exclusivamente a un criterio formal de competencia territorial, sin examinar el contenido de las acusaciones.
Traslados al Estado español y condiciones laborales
Documentación y testimonios recabados por elDiario.es revelan que el cantante solicitó personalmente al consulado español visados Schengen de turista para trasladar a varias empleadas desde República Dominicana a su residencia de Marbella, pese a que el objetivo real del viaje era que "trabajaran como personal doméstico interno".
Ese tipo de visado no autoriza a desempeñar un empleo remunerado. Sin embargo, una vez en el Estado español, las mujeres habrían trabajado sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, con jornadas que superaban las doce horas diarias, con escasos días de descanso y con salarios que en algunos casos rondaban los 340 euros mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente en ese momento.
Expertas en derecho laboral y migraciones subrayan que estas prácticas vulneran la normativa española y sitúan a las trabajadoras en una situación de especial vulnerabilidad, agravada por el hecho de que el empleo doméstico es un sector con un control institucional muy limitado. Algunas juristas apuntan incluso a posibles indicios de explotación laboral o trata de personas, al concurrir elementos como la ausencia de derechos básicos, la dependencia económica, la restricción de movimientos y el uso de mecanismos administrativos inadecuados para facilitar los traslados.
Julio Iglesias, por su parte, ha negado públicamente las acusaciones y ha rechazado haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. En comunicados anteriores, el artista ha calificado las denuncias de "falsas" y ha tratado de desacreditarlas señalando a supuestas denunciantes, pese a que estas se encuentran protegidas por la Fiscalía..
